Fiscalía admite que estudia petición del Gobierno sobre imputaciones a la primera línea, pero dice que decisión es de los jueces

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, desató una nueva polémica después de que asegurara que la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tiene lista una decisión con la que se beneficiaría a los miembros de la primera línea. Según el alto funcionario, la jefe del ente acusador alista una directriz que, según él, permitirá que los integrantes de ese controversial grupo social salgan de las cárceles del país por protagonizar hechos vandálicos.

Al respecto, la Fiscalía emitió un comunicado en el que admitió que estudia la petición del Gobierno, pero dejó en claro que la decisión será de los jueces y, en última instancia, de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana.

“El equipo directivo de la Fiscal General de la Nación ha escuchado los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”, señaló la entidad.

La Fiscalía dejó en claro que antes de dar alguna postura oficial, primero analizará detalladamente los argumentos que entregó el jefe de la cartera de Justicia a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, recalcó que más allá de cualquier postura, la palabra final no la tendrá el ente investigador, sino que será tal y como lo indica la ley colombiana. “En cualquier caso, la palabra definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”, puntualizó.

¿Qué dijo el ministro?

Osuna explicó que esta no es la primera vez que se plantea algo así, ya que se le había hecho la propuesta al entonces fiscal Francisco Barbosa, pero fue imposible convencerlo de que que cambiara la directriz de la entidad. “Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, dijo.

En ese sentido, afirmó: “ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir. Y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”.

Cabe recordar que hace algunas semanas la Corte Supremamente de Justicia dejó sin efectos la libertad otorgada a dos miembros de la primera línea, quienes fueron designados como ‘voceros de paz’ por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación en una acción de tutela.

En ese momento, la Corte Suprema determinó que en la decisión de la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá de otorgarles la libertad “se configuró un defecto procedimental, pues se emitió con desconocimiento del principio de oralidad y de doble instancia”.