Alerta por aumento de venezolanos en la delincuencia colombiana

La crisis que atraviesa el vecino país acaba de mostrar una cara del problema que produce sensibilidad en Colombia: la de la seguridad ciudadana.

Recientemente, las autoridades sorprendieron cuando informaron que como sospechosos del ataque en el que murieron cinco policías en la estación de San José, de Barranquilla, había dos ciudadanos venezolanos. Sin embargo, las pesquisas de los últimos años ya venían arrojado pistas acerca de una presunta cercanía entre integrantes del ELN con ciudadanos venezolanos. Incluso, se tienen registros de lo que serían entrenamientos militares en el país vecino.

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No obstante, lo que sí ha dado muestras de estar ganando terreno en medio de serios problemas humanitarios que viven los venezolanos, es el de la delincuencia común. Este martes, las cifras llevaron a un llamado de atención del fiscal general Néstor Humberto Martínez a la canciller María Ángela Holguín, en donde le pidió que se consideren políticas de prevención para que los migrantes no apelen al delito como alternativa de vida. 

Entre el primero de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018, la Fiscalía documentó 1.869 capturas de venezolanos en situación de flagrancia. Las zonas de mayor afectación son Norte de Santander con 643 casos; Bogotá con 198; La Guajira con 148 y Santander con 140. 

La voz de alerta se enciende con ocasión de la cumbre gubernamental para analizar la política migratoria de Colombia, coyuntura en la cual Martínez pide que se tenga en cuenta que si se comparan las cifras de enero de 2017 con las de este año se tendrá como resultado un aumento del 228 por ciento de las detenciones. 

Esta tendencia al alza -reporta el ente de control- comenzó en agosto pasado y no se detiene. Esta época conincide con la crisis institucional que se generó cuando el Tribunal Supremo de Venezuela tomó facultades del parlamento y emitió decisiones que ambientaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por las urnas. Esto provocó la salida de la fiscal general Luisa Ortega, entre otros hechos que causaron revuelo nacional e internacional. 

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El pico más radical en las cifras de criminalidad se registró en noviembre, cuando el reporte pasó de 155 casos a 202 en diciembre. Los delitos que el ente investigador reporta como los de más incidencia son el hurto con 801 casos registrados; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes con 281; lesiones personales con 129; contrabando de hidrocarburos y sus derivados  con 123; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 120, receptación con 53 y violencia intrafamiliar 51, entre otros. 

La Fiscalía también precisó que las Tarjetas de Movilidad Fronteriza, que funcionan desde el año pasado y son expedidas por Migración Colombia a través de su página web, realmente no constituyen un mecanismo para lograr la plena individualización. Tampoco proporcionan canales de comunicación con las autoridades venezolanas. En ente de control le pidió a la Cancillería que se ponga a disposición más personal de Migración Colombia en las oficinas regionales, con el fin de que se puedan llevar a cabo procesos de deportación expeditos frente a estos extranjeros capturados en flagrancia. 

Paralelo al fiscal, el procurador general también encendió las alertas, haciendo énfasis en que es importante no incentivar la xenofobia o la discriminación. Aseguró que a diario más de 30.000 venezolanos cruzan la frontera con tarjeta migratoria; el subregistro, sin embargo, puede ser mucho mayor.

El jefe del Ministerio Público encontró que en los últimos meses se ha dado un incremento de casos de trata de personas y de prostitución, sin que se haya diseñado políticas de prevención. Por ello, Fernando Carrillo urgió al gobierno para que ponga en marcha una política de frontera que incluya el nombramiento de un alto gerente que haga frente a la crisis.

Este jueves, el presidente Juan Manuel Santos viajará a Cúcuta desde donde anunciará el paquete de medidas que se van a adoptar para en el marco de la crisis migratoria.