Fiscalía alerta por “orangután” que obliga a entregar expedientes al comisionado de Paz

“Como fiscal no voy a dejar que pase esa norma”, así, con una clara advertencia, el fiscal Francisco Barbosa dejó sentada su posición respecto de una norma que -en su criterio- atenta contra la separación de poderes y que estaría incluída en los proyectos de sometimiento a la justicia y humanización de las penas, radicados por el Gobierno nacional.

Aseguró Barbosa que una norma, contenida en los proyectos del Gobierno, obliga a la Fiscalía a entregar expedientes, procesos, evidencias y pruebas, a la oficina del alto comisionado para la paz. Esa sería una grave intromisión a la independencia judicial y advirtió que hará todo lo posible por evitar que semejante adefesio se apruebe en el Congreso.

“Quiero recordarle al Gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la Rama Judicial, del poder público, no somos subalternos del Ejecutivo. Volvemos a repetir la historia hace mes y medio, yo realmente estoy cansado de ver estos proyectos, cada vez que vemos los proyectos, ocurren nuevas incursiones que a mi juicio atentan contra la institucionalidad colombiana”, dijo el fiscal.

El jefe del ente acusador aseguró que resulta demasiado dispendioso encontrar que en cada proyecto del Gobierno, referente a la justicia, aparecen escenarios farragosos que no sólo hacen difícil la lectura, sino que se convierten en un atentado contra la independencia judicial y la separación de poderes. Le recordó al Gobierno que la Fiscalía no es subordinada del ejecutivo.

“Cómo así, que la oficina del alto comisionado para la paz tiene o se obliga dentro del dentro de la dentro del proyecto la Fiscalía entregarle toda la información judicial, expediente, indagaciones, todo, en el marco del acercamiento que está haciendo, dónde quedó la separación de poderes”, se preguntó el fiscal general.

Luego de una reunión con las cabezas del Partido Cambio Radical, el fiscal hizo unas graves denuncias sobre lo que consideró “micos o conejos” del Gobierno a las advertencias de la Fiscalía frente a algunos artículos de los proyectos que fueron radicados y que incluyen beneficios a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

En otras palabras, ignoraron las advertencias que lanzó la Fiscalía, nueve en cada proyecto que fue socializado con el fiscal general, y así las cosas, se mantuvieron beneficios como el principio de oportunidad para procesados o condenados por delitos como el concierto para delinquir agravado, justamente los tipos penales que son atribuidos a los narcotraficantes.

“Se tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad, buscar que la gente salga de las cárceles como como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento y he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia, otra cosa es un proceso de justicia”, advirtió el fiscal general.

En criterio del fiscal, se están ofreciendo los mismos beneficios que se otorgaron en el acuerdo de paz de La Habana con las Farc, pero en este caso a organizaciones derivadas del paramilitarismo y que actualmente son cabecillas del narcotráfico, sin ninguna connotación política.

“Otra cosa es el proceso de justicia transicional, no se le puede dar unos unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia, tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana por la distinción de procesos, uno es un proceso de paz y otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y el narcotráfico”, señaló Barbosa.

Otro punto que llamó la atención de la Fiscalía y de quienes participaron en una reunión con la bancada de Cambio Radical, se centró en la extinción de dominio y los beneficios que tendrían las organizaciones criminales a la hora de acogerse a los proyectos que plantea el Gobierno, pues se aumentó el monto con lo que podrían quedarse los narcotraficantes una vez se incluyen en los procesos.