Fiscalía alista las primeras decisiones por las “chuzadas” a los magistrados de las altas cortes

Después de dos meses de investigación, la Fiscalía General se alista para anunciar las primeras decisiones sobre las “chuzadas” que se habrían adelantado en contra de un grupo de magistrados de las altas cortes.

Así lo informó este viernes la fiscal General, Luz Adriana Camargo, al detallar que ya se recolectaron pruebas documentales y testimoniales para verificar las denuncias hechas a finales de junio.

“La verdad es que nos hemos el trabajo de hacer una investigación seria, mirando si es en realidad consistente el informe que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional”, aseguró la jefa del ente investigador.

Las labores investigativas se extendieron a otros magistrados de las altas cortes “que manifestaron su preocupación” sobre este tema. “Ese proceso está a cargo del jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Yo esperaría que la siguiente semana pueda haber una decisión al respecto”.

En junio pasado, como lo reveló SEMANA, el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez alertó que sus comunicaciones estarían siendo intervenidas y tanto él como su núcleo familiar habrían sido víctimas de seguimientos.

La primera alerta fue una publicación en un estado de WhatsApp de la línea del magistrado que decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”.

El togado señaló que esta situación era totalmente irregular y pidió una investigación.

“He llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, señaló.

Sin embargo, Ibáñez fue más allá: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.

Ibáñez también puso de presente que, hace aproximadamente dos meses, funcionarios de monitoreo y analítica “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han hecho “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa.

Tras esto, tres magistrados auxiliares pidieron que se investigara si sus líneas habían sido intervenidas de manera ilegal, es decir, sin una orden judicial, puesto que tenían graves sospechas.

Poco después, desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pidió investigar también presuntas chuzadas e interceptaciones ilegales a los magistrados de esa justicia transicional que se conformó tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia”, señalaba el documento firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la JEP.