Las 24 capturas que golpean el corazón judicial del Meta y Cundinamarca

La Fiscalía adelanta un masivo operativo de capturas en el Meta y Cundinamarca, en una investigación que toca las entrañas del poder judicial de estas regiones del país. El ente investigador anunció que imputará cargos en contra de tres magistrados de la sala penal del Tribunal Superior del Meta: Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

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La audiencia ya tiene como fecha el 10 de julio en el Tribunal Superior de Bogotá y en ella el ente investigador pedirá que se les imponga medida de aseguramiento por los presuntos delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo. 

La Fiscalía denomina este supuesto entramado como una "empresa criminal" que operaba desde 2013. En este caso se ordenó además la captura de 24 personas, entre las que hay seis jueces de control de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Inpec, abogados y particulares. Según el ente acusador, los funcionarios otorgaban de manera irregular redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias. 

Estos beneficios los dirigían en favor de autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico. En consecuencia, los detenidos se les imputarán seis delitos en las próximas horas. 

Durante el día se habrían hecho efectivas una una decena de capturas. Y los implicados son traladados a Bogotá. 

Desde comienzos de este año, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció una depuración del poder judicial en la que ha incluido la captura de 50 funcionarios de la misma Fiscalía. Allí se cuentan duros golpes como las detenciones de altos funcionarios del ente investigador: Rodrigo Aldana, Hilda Jeaneth Niño y Gustavo Moreno, quien está pedido en extradición por Estados Unidos. "La corrupción constituye amenaza institucional intolerable y más cuando se trata de administración de justicia", dijo Martínez.