¿Por qué capturan al expresidente de Triple A y llaman a indagatoria a 11 ejecutivos?

La investigación por los supuestos sobornos pagados en España a través de Canal de Isabel II, la prestadora del servicio de acueducto en España, despegó en Colombia. La Fiscalía capturó en Barranquilla a Ramón Navarro, quien fue por 11 años el presidente de la Triple A, una de las filiales en el país de la gigante de aguas en España. Junto con él, será llevada ante un juez Julia Margarita Serrano Monsalve, exgerente financiera de la firma.

Hace un año, el escándalo fue bautizado al otro lado del Atlántico como Operación Lezo y provocó la captura del expresidente de la Comunidad de Madrid (2013 – 2015), Ignacio González. A él se le acusa de graves delitos por corrupción en los negocios del Canal de Isabel II y sus empresas filiales en Latinoamérica, entre las cuales se encuentran cuatro compañías de servicios públicos con sede en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

Canal de Isabel II extendió su operación a Latinoamérica por medio de Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81.24 por ciento de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.). A partir de esta última firma se tejió un entramado de empresas en el país que contaban con buena parte de participación accionaria española. La que derivó en capturas este martes fue Triple A. 

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La entidad prestadora de servicios públicos de Barranquilla tiene la siguiente composición: Inassa con un 82.16% de participación; el Distrito de Barranquilla 14.5% y otros con 3.34%. Además de la capital del Atlántico, también presta  servicio de acueducto en Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojo, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacuri, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa y Galapa. Las investigaciones tuvieron como punto de partida poder  establecer de qué manera Barranquilla pasó de ser la socia mayoritaria con el 84% de las acciones a tener hoy sólo el 14%.

Sin embargo, en el marco de estas pesquisas, fueron saliendo detalles sorprendentes. La Fiscalía pidió la captura de Navarro, por presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la empresa de servicios públicos, además del aparente incremento patrimonial injustificado de los socios en Colombia. Se calcula que se apropió de manera irregular de $ 27.000 millones, por lo que deberá responder como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso con administración desleal y falsedad en documento privado.

De acuerdo con el material probatorio, los representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado irregularmente de esta cantidad de dinero entre los años 2012 y 2015. Las autoridades investigaron la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos, así como 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).

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Según la Fiscalía, estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A y fueron registrados en la contabilidad, sin novedad alguna. Aparecieron también en las declaraciones de renta en los años respectivos, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y hasta pasaron factura de cobro por regalías.  

Contrato ficticio de asesoría

La Procuraduría colombiana fue de las primeras autoridades en seguirle la pista a las irregularidades cometidas por las firmas españolas en Colombia. De hecho, ejerció sus funciones para pedirle a Triple A suspender un millonario contrato por el que hoy la Fiscalía llama mediante indagatoria a 11 altos directivos. 

En esta línea de investigación, el ente investigador encontró que el acuerdo de asesoría habría sido ficticio y nunca se ejecutó. El contrato fue suscrito el 4 de septiembre del año 2000 entre la española Inassa y Triple A, e incluía un pago mensual de 4.5 por ciento del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Durante 17 años este contrato se mantuvo vigente, y generó pagos por 237.000 millones de pesos. Dinero que, dice la Fiscalía, habría sido desviado de manera irregular con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos, las sociedades Canal Extensia S.A. (empresa del Grupo Español Canal Isabel II) y Slasa (Sociedad Latinoamericana del Agua SA).

La Fiscalía citó a responder mediante indagatoria a once directivos y exdirectivos de las filiales de Canal de Isabel II en Colombia. Por tratarse de hechos ocurridos en momentos en que funcionaba en antiguo sistema penal, una vez sean escuchados, la Fiscalía deberá resolver en cuestión de días la situación jurídica de los procesados. Esto es, si los continúa investigando en libertad o dicta medida de aseguramiento con detención intramural. 

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Los llamados a responder por el lado de Triple A son: Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente; Luis Fernando Arboleda González, exgerente; Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente; Ramón Navarro Pereira, exgerente; Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual. Desde las oficina es de Inassa, los citados son Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general;  Francisco Javier Malia Baro, exgerente general; Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa; el español Alberto Muguiro Eulate, actual presidente ejecutivo; Germán Sarabia Huyke, segundo suplente de la presidencia de Inassa, y el español Carlos Roca García, actual gerente Inassa.

Los cuestionados deberán presentarse el 4 de abril ante una fiscal anticorrupción en Bogotá, y responderán mediante indagatoria, en principio, por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares. 

No extraditarán a testigo clave

Mientras la Fiscalía anuncia acciones en contra del largo listado de implicados, el presidente Juan Manuel Santos echa para atrás el trámite de extradición contra el exgerente de Inassa Diego Fernando García Arias, quien era solicitado por las autoridades españolas. Es considerado uno de los cerebros del entramado financiero a través del cual se logró el desvío de recursos públicos a empresas en las que Canal de Isabel II tenía participación en Colombia. 

La repentina decisión del Presidente, está relacionada con que García está colaborando de manera eficaz con la justicia en el esclarecimiento de los hechos de corrupción ocurridos en el caso Lezo. De hecho, esta movida habría contado con la bendición de las autoridades españolas, quienes fueron las primeras en retirar su solicitud de extradición a finales del año pasado. Con esta notificación llegada desde Madrid, la Corte Suprema de Justicia también dejó sin efectos la extradición de García, quien recuperó su libertad en noviembre. 

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