General (r) Nicacio Martínez será citado a interrogatorio: Fiscalía

Avanza la investigación contra el general retirado Nicacio Martínez. Este lunes, cinco meses después de que SEMANA revelara una red de espionaje ilegal que estaría funcionando al interior del Ejército, la Fiscalía decidió vincularlo formalmente y lo llamó a indagatoria en el proceso —que abrió en enero de 2020— por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilegal de equipos transmisores o receptores. 

La noticia se conoce días después de que estalló un escándalo por el segundo capítulo que publicó esta revista sobre el tema. A través de Las carpetas de secretas, SEMANA divulgó las pruebas que tenía de cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, exministros, funcionarios de la Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros. 

De acuerdo con el ente investigador, la decisión se tomó debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido mientras Martínez fungió como comandante del Ejército. Si bien es cierto que el oficial en diciembre anunció su retiro alegando razones familiares, lo cierto es que su renuncia se precipitó porque algunos de sus subalternos se dedicaron en el último año a desplazar sus unidades móviles y a utilizar sus equipos de última generación para hacer interceptaciones ilegales.

"Nunca he dado ninguna orden de hacer seguimientos o chuzadas. Tampoco tenemos la capacidad de hacerlo", fue lo primero que dijo el alto oficial a Caracol Noticias minutos antes de que se conociera la decisión. Agregó: "Si alguna persona de la Inteligencia o de la institución hizo algo, sería de manera soterrada. Si yo hubiera tenido el conocimiento, habría sido el primero en denunciar". 

Pero mientras el oficial se defiende, la Fiscalía está a la espera "de los resultados de los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional, en diciembre de 2019, durante una diligencia ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y en la que no se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación", informó el ente a través de un comunicado.

Durante ese operativo, que se llevó a cabo a las 8:45 de la mañana del 18 de diciembre pasado, una comisión de la Corte Suprema de Justicia llegó hasta el Cantón de Comunicaciones del Ejército en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Allí, militares de alto rango ordenaron, horas antes, borrar toda la información de los discos duros. Incluso, intentaron sabotear en varias oportunidades la diligencia del alto tribunal. De ahí la importancia de la información que pueda ser recuperada. 

Ante la nueva evidencia divulgada este viernes por SEMANA, y que daría cuenta de otros actos ilícitos dado que se revelaron los nombres de algunos de los periodistas, políticos y líderes interceptados, el material "será incorporado a la investigación que adelanta la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Por estas circunstancias, se ordenó entrevistar a las personas que se consideren necesarias para esclarecer lo ocurrido". 

Para el ente investigador, haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al presidente de la República como habría ocurrido con el exsecretario general de la Presidencia Jorge Mario Eastman, "denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Colombia. Este evento se investigará hasta las últimas consecuencias".

Esta, sin embargo, no es la única investigación que se ha abierto por estos hechos. La Procuraduría, por su parte, recibirá esta semana el expediente del caso, y la Contraloría enviará una comisión para que revise si el "dinero que se usó para hacer esos seguimientos y para financiarlos eran en efecto de los gastos reservados".