Fiscalía condenó a taxista que sirvió de intermediario para hacer llegar dinero a grupos paramilitares

Un juez penal especializado de Antioquia condenó a tres años de prisión a Luis Alberto Agudelo Jiménez por el delito de concierto para delinquir agravado y al pago de una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La sentencia condenatoria contra el taxista se generó debido a que el transportador sirvió de intermediario de una comercializadora internacional de banano para hacer llegar dinero ilegal a las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, entre los años 1996 y 1999.

La investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación en la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo los soportes contables o comprobantes de pago, solicitudes de desembolso, copias de cheques y extractos bancarios, que evidencian las cantidades de dinero que recibió el transportador de la empresa extranjera por las supuestas operaciones comerciales sin sustento.

De la misma forma, las autoridades competentes establecieron que Luis Agudelo hacía los respectivos retiros y entregaba periódicamente los recursos en las ciudades de Medellín y Apartadó, en el departamento de Antioquia. Dichos recursos eran enviados al frente Arlex Hurtado, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, una estructura delincuencial que, a la fecha, es responsable de decenas de homicidios, desapariciones forzadas y desplazamiento y tráfico de armas y estupefacientes, entre otras conductas criminales.

Luego de que la entidad de control expusiera las pruebas obtenidas, Agudelo Jiménez, aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los hechos. El acusado se sometió a sentencia anticipada, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

¿Cómo nacieron las AUC?

En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo que se conoció como una federación de grupos regionales.

Estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el objetivo de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político.

A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentan hechos de violencia en varias regiones del país, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas.

Crecimiento de las Autodfensas en Colombia

Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la presencia territorial de las autodefensas experimentó un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, las AUC asesinaron a 40 personas e incineraron alrededor de 100 casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, aprovechando la declaración por parte de las AUC de una tregua unilateral durante la época de navidad, las FARC atacaron el cuartel general de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo.

La retaliación a la incursión guerrillera, que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión.

La intensificación de las masacres entre 1998 y 2001, se explica por la lógica de expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera el control de la producción de cocaína entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, los grupos paramilitares contarían con la posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur y oriente del país.

En este período, la tendencia creciente en la violencia se produjo en la medida en que sus protagonistas desencadenaron acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener la influencia sobre las posiciones en disputa se centraron en la población.