Nación
Fiscalía confirmó extinción de dominio sobre Drogas La Rebaja
La empresa que fundó Gilberto Rodríguez Orejuela estuvo hasta 2014 en la lista Clinton.
Tras un exhaustivo análisis de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en un proceso de extinción de dominio y “luego de verificar los elementos y conclusiones sobre el origen ilícito de la cadena de droguerías La Rebaja”, el Tribunal Superior de Bogotá reafirmó la extinción del derecho de dominio sobre la empresa y sus 880 establecimientos de comercio, distribuidos en diferentes ciudades del país.
“En el curso del proceso, la Fiscalía demostró que la compañía se constituyó y abrió cada una de sus sucursales con dineros que proceden del patrimonio ilícitamente obtenido por los confesos narcotraficantes y jefes del entonces Cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela”, explicó el ente acusador.
Adicionalmente, determinó que las actividades investigativas evidenciaron que los vínculos que la Sociedad Drogas La Rebaja S. A. tenía con actividades de narcotráfico eran conocidos por las personas que prestaban sus servicios a la misma en las diferentes regionales.
“En ese sentido, en septiembre de 2016, un juez especializado decretó la extinción del derecho de dominio sobre la referida cadena de droguerías. Esta determinación fue respaldada por el Tribunal, que negó una apelación que interpuso la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir Ltda.)”, contó.
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Y agregó que para el Tribunal Superior fue claro que los actuales titulares de los establecimientos comerciales conocían el origen ilícito de los dineros que soportaban la constitución de los mismos, por lo que negó la posibilidad de reconocer a estas personas como compradores exentos de culpa.
Vale la pena recordar que el negocio fundado por los hermanos Rodríguez Orejuela en los años ochenta se convirtió rápidamente en una de las 100 empresas más valiosas de Colombia, ya que alcanzó a tener presencia en casi 200 municipios con más de 872 locales y a facturar miles de millones de pesos.
Desde 2005, el Estado colombiano decidió intervenir esta cadena de droguerías por presunto lavado de activos del narcotráfico y su estrecha relación con los exjefes del Cartel de Cali, una de las empresas criminales más poderosas del país en los años ochenta y noventa.
En 2002 le fue impuesta una acción de extinción de dominio, pues la Fiscalía contaba con pruebas que vinculaban a la organización con actos delictivos; sin embargo, la acusación no prosperó y la cadena siguió trabajando hasta la actualidad.
¿Cómo siguió en el negocio Drogas La Rebaja desde los años noventa al día de hoy?
Drogas La Rebaja recurrió a una asociación de trabajadores para adquirir las farmacias el 25 de septiembre de 1995. Inclusive, la Superintendencia Bancaria, hoy Superfinanciera, emitió un concepto en su momento: no podía obligar a los bancos para que abrieran cuentas a nombre de esta cooperativa. El dinero en efectivo era lo único que circulaba por sus registradoras, lo que no solía ser bien visto en un negocio con semejante origen.
Con todo ese peso encima, Copservir navegó durante 15 años, y el 5 de noviembre de 2020, tras una resolución expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, salió del proceso de intervención al que fue sometida el 2 de mayo de 2005.
Las cifras de Drogas La Rebaja sorprenden y serían el anhelo de cualquier emprendedor. Desde la intervención y a dicha fecha, el número de farmacias creció en 113 %. Los puntos de venta se multiplicaron a más del doble: de 461 pasaron a 945.
Los asociados, que aportaban el 5 % de su salario para invertirlo en medicamentos y otros productos que venden, ya no son 4.181, sino 6.481. Los puestos de trabajo también dan señales del crecimiento exponencial. Suman 6.700 directos, incluyendo 1.400 mensajeros que forman parte de los brazos del comercio electrónico: lopido.com y larebaja.com.
Ahora, el gobierno de Gustavo Petro tendrá que administrar este negocio que, según las cifras arrojadas, es rentable y además genera ganancias que irían a las arcas públicas, las cuales se verían beneficiadas con ingresos adicionales provenientes de una de las cadenas y marcas más reconocidas a nivel nacional.