Casos de 8.163 secuestrados y 1.620 víctimas de la UP ya están en manos de la JEP

La Jurisdicción Especial de Paz ya tiene punto de partida. Este miércoles, durante un acto de entrega en la sede del nuevo alto tribunal, la Fiscalía entregó tres de los 18 informes que viene consolidando el ente investigador sobre los delitos cometidos por la guerrilla y agentes de Estado en el marco del conflicto.

El primero de los informes recoge un inventario de casos condensados en cinco tomos. La base de esta información es el registro en las siguientes plataformas del ente investigador: la Jurisdicción Penal Ordinaria (sistemas de información SIJUF y SPOA); el régimen especial de Justicia y Paz (sistema SIJYP); los procesos de Extinción de Dominio (base de datos SAGITARIO), tomando como fecha de corte abril de 2018.

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Los registros de los investigadores dan cuenta de 223.282 casos identificados (100%), que corresponden a 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Con todos estos insumos, la presidenta del nuevo tribunal de paz se ha referido durante su intervención a todo el trabajo que tendrá que adelantar la JEP en los próximos 15 años. 

De acuerdo con la Fiscalía, estos 52.220 casos corresponden a la extinta guerrilla de las Farc (23,4%), que representan casi cuatro veces la cantidad de casos identificados para la Fuerza Pública. Estos últimos llegan a 13.934 casos (6,2%). Luego, se encuentran 10.164 investigaciones al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 55.768 de las desmovilizadas Autodefensas de Colombia (AUC); 3.324 de otras guerrillas; 13.934 de agentes del Estado combatientes y 87.872 sin grupo identificado.

Frente al tomo relacionado con los secuestros perpetuados por las Farc hasta que arrancó la negociación con el grupo guerrillero en La Habana, el fiscal manifestó que ese informe condensa el balance de un delito “que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles. El informe también plasma los tratos inhumanos a las víctimas, cuyo derecho a la libertad se les llegó a conculcar —en algunos casos— por varios lustros. La documentación de este crimen habrá de contribuir a hacer justicia y, por supuesto, a recrear en la memoria colectiva de la nación". 

Los insumos suministrados por la Fiscalía son reveladores por donde quiera que se le mire. A la fecha, por ejemplo, las autoridades cuentan con un inventario de 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. Con respecto al sexo de las víctimas, 1.817 (22%) fueron mujeres y 5.933 (73%) hombres. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Meta, Bolívar, Córdoba, Cesar, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Norte de Santander y Chocó.

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El exterminio de la Unión Patriótica es otro de los informes mas reveladores. Por primera vez en mucho tiempo se conoce un balance frente a los asesinatos cometidos a finales del siglo pasado. Según la Fiscalía, se tienen documentados 863 procesos en los que se identificó alguna relación entre los hechos delictivos y la militancia en la UP.

Con estos procesos se registran 1.620 víctimas por las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables. Los registros muestran que el fenómeno se dio en por lo menos 27 departamentos; la mayoría de los casos, (59.9%) se concentraron en tres departamentos: Antioquia, Meta y Santander. Pero también se cuenta con registros de victimización en: Bolívar, Cesar, Chocó y Tolima. En el caso concreto de Bogotá, se identificó que los hechos se concentraron en contra de los dirigentes políticos nacionales, hasta candidatos a la Presidencia de la República (5.2%).

Aquí "se da cuenta de un vergonzoso episodio en la vida democrática de Colombia, caracterizado por una alianza entre grupos de autodefensa y agentes del Estado que le cerró el paso en la vida política nacional a sectores emergentes de la izquierda democrática a finales del siglo pasado. (...) Este informe debe contribuir a conocer la verdad; a superar las bajas tasas de condena obtenidas hasta la fecha y a recuperar en la conciencia colectiva de la Nación la necesidad de fortalecer el pluralismo democrático", dijo Martínez. 

La noticia se conoce horas después de que las comisiones de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley de peocedimiento que el próximo miércoles será discutida en plenarias.