La carta del fiscal en donde advierte de ofrecimientos a funcionarios por contratos de la paz

El escándalo por el manejo de los recursos del Estado y de la cooperación internacional destinados al posconflicto en Colombia, acaba de escalar a lo penal. El jefe de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, le entregó a la Presidencia de la República información sobre graves irregularidades a fin de que frenen un importante paquete de contrataciones que venían en camino.

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"Sin perjuicio de las investigaciones penales en curso y atendiendo su solicitud, pongo en su conocimiento las principales irregularidades advertidas hasta la fecha, con especial énfasis en los proyectos de avicultura, agricultura, psicultura e infraestructura", dice el documento.

De acuerdo con las evidencias recaudadas por la Fiscalía, se descubrió la existencia de una red de intermediarios que a cambio de beneficios económicos ‘pedaleaban’ la concesión de contratos y obtenían un porcentaje de los mismos. Para el ente investigador, si bien algunos de los contratantes están sometidos a un régimen privado en los procesos contractuales, estos deben respetar los principios de la función administrativa, en términos de "moralidad, imparcialidad y publicidad".

Durante la Cumbre Empresarial: ‘Responsabilidad del Sector Privado en la Lucha contra la Corrupción‘, Martínez expresó que tienen evidencia del direccionamiento de los contratos, así como un alto grado de "opacidad" en los procesos de selección relacionados con proyectos de inversión.

Martínez reveló que en el marco de esta investigación se realizaron seguimientos legales y controles técnicos que destaparon la existencia de los intermediarios, que lograban su propósito porque tenían información privilegiada de la adjudicación de los contratos y porque ofrecían compensaciones a servidores públicos vinculados al Fondo Colombia en Paz que intervenían en el proceso contractual.

Los intermediarios a su vez eran los encargados de seleccionar las interventorías con el fin de esquivar los controles correspondientes a la ejecución contractual.

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El fiscal explicó que procedió a levantar la reserva de la información y le hizo entrega de la misma al presidente Juan Manuel Santos con el fin de que se frene el paquete de proyectos productivos que estaba listo para ser adjudicado y puesto en marcha, ya que estos detalles de los procesos deben ser conocidos por todos.

Las pesquisas de la Fiscalía se dan a conocer en medio de la tensión que se desató con la alerta que emitieron los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega por el manejo de los recursos destinados a crear oportunidades productivas para los guerrilleros que dejaron las armas. Este presupuesto superaría los 200 millones de dólares.