Fiscalía formuló cargos a militares implicados en incorporaciones fraudulentas dentro del Ejército

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 22 militares y 2 civiles que habrían participado en una red de corrupción que defraudó al Estado en más de 320 millones de pesos.

Dentro de los involucrados se encuentra un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo, quienes según el ente acusador, se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares.

Las investigaciones indicarían que los procesados falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.

Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, cargaron con información fraudulenta distintas bases de datos de la institución para justificar los requerimientos que se hacían. También habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.

La Fiscalía cuenta con información que advierte que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Esto último habría motivado capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.

“A un ciudadano incauto le pidieron sus documentos de identificación, les tomaron fotografías y de esta manera lo hicieron pasar como un soldado; cuando ya lo hacen pasar como desertor el juez penal en su instrucción militar ordena la captura, una vez capturado y una vez advertido en el acervo probatorio de este proceso por deserción, se dieron cuenta que este ciudadano nunca había siquiera pisado el Ejército Nacional”, describió el Fiscal encargado del caso.

Los 24 investigados fueron capturados en Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); Cimitarra y Bucaramanga, (Santander) y en Bogotá.

Por estos hechos a los investigados se les acusó como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Los cargos no fueron aceptados.

Militares fueron capturados por, supuestamente, hacer parte de una mafia de corrupción en la incorporación de soldados

Luego de conocerse la captura de los implicados, el Ejército Nacional se pronunció frente a la captura de 22 militares activos y retirados por supuestos hechos de corrupción, en casos relacionados con presuntas irregularidades administrativas en medio de los procesos de incorporación de soldados.

La institución señaló que los operativos fueron realizados en diferentes partes del país a través de su contrainteligencia y el Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“La institución, en cumplimiento a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales, conforme el principio de constitucionalidad de colaboración armónica”, aseguró el Ejército, a través de un comunicado.

Adicional a esto, se anunció la apertura de investigaciones internas que permitan dar más claridad sobre lo sucedido.

Finalmente, la institución fue enfática al señalar que “no tolerará ningún acto que vaya en contravía del ordenamiento jurídico, así como de los principios y valores institucionales”.

Entre tanto, fuentes judiciales señalaron que, entre los implicados, se encontraba un oficial que estaba en curso de ascenso a teniente coronel, y los hechos por los cuales fue capturado se dieron cuando estaba al mando de un batallón del Ejército. En medio del operativo, otros dos oficiales, dos suboficiales activos y dos civiles habrían sido también detenidos.

SEMANA conoció detalles de la investigación en contra del mayor, en donde se señala que algunos de los posibles hechos irregulares sucedieron el 7 de diciembre del 2020 en el Valle del Cauca, con un contrato por un valor de 6.000.000 de pesos para la adquisición de Acpm y lubricantes.