La tubería rota de la Triple A

Una audiencia inédita en la historia judicial de Barranquilla tuvo lugar esta semana, cuando la Fiscalía General imputó a los exgerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Triple A), Ramón Navarro Pereira y Julia Serrano Monsalvo, los supuestos delitos de administración fraudulenta, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.

Tras varios meses de investigaciones, la Fiscalía encontró que estos directivos celebraron contratos de consultoría simulados y órdenes de pedido ficticias para sustraer 27.879 millones de pesos. El caso y el monto inicial no pasarían de ser un escándalo más si no fuera porque se trata de las primeras pruebas encontradas en Colombia de un escándalo en el que están envueltos reconocidos líderes políticos y ejecutivos en España de la empresa Canal de Isabel II, que maneja las aguas en la comunidad de Madrid y es la dueña mayoritario de la Triple A y de otras compañías en Colombia y Panamá.

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Entre los acusados en la península están el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González, varios directivos de Canal de Isabel II (CYII) y Edmundo Rodríguez Sobrino, quien durante varios años dirigió las operaciones en Barranquilla. Además, el organismo tiene en la mira un contrato por el cual Inassa, filial en América de Canal de Isabel II, le presta asesoría técnica a la Triple A a cambio del 4,5 por ciento del valor total de las tarifas recaudadas a los usuarios, lo que en 15 años ha llegado a casi 221.000 millones de pesos.

Por este motivo, la Fiscalía citó a rendir indagatoria a 11 directivos y exdirectivos de las compañías Inassa y Triple A, el próximo 4 de abril. Se trata de los exgerentes de la Triple A Francisco Olmos Fernández, Luis Fernando Arboleda, Carlos Alberto Ariza, Ramón Navarro Pereira; de Ramón Hemer Redondo, actual gerente; y de los exgerentes generales de Inassa Luis Nicolella de Caro, Francisco Javier Maliá, Edmundo Rodríguez Sobrino; Alberto Muguiro, actual presidente de Inassa; Germán Saravia Huyke, segundo suplente de la presidencia; y Carlos Roca García, actual gerente de Inassa.

Precisamente, Rodríguez Sobrino, quien presidió a Inassa entre 2006 y 2016, está en libertad bajo fianza en España y era quien, según la Fiscalía, daba las órdenes a los gerentes de la Triple A y de Recaudos & Tributos (R&T) para que realizaran los contratos simulados para sacar la plata de la empresa. Realizaron esas operaciones fraudulentas entre 2012 y 2015.

A esta conclusión llegó la Fiscalía luego de varios meses de trabajo y de allanar las oficinas de Inassa, en junio del año pasado en Barranquilla, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción de España. También tuvieron en cuenta las declaraciones de funcionarios, exfuncionarios y miembros de la seguridad interna de la Triple A, que se encargaban de cobrar y cambiar los cheques.

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Según lo expuesto por el juez en la medida de aseguramiento a Navarro Pereira, Julia Serrano describió el modus operandi de la siguiente manera: “A mí me llamaban a la oficina del doctor Ramón Navarro Pereira, en donde en ocasiones estaba el señor Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa. Me daba instrucciones, me decía: ‘Julia saca tanto, para lo cual se necesitaba una empresa intermediaria’. En la mayoría de los casos lo hacían por medio de Recaudos & Tributos, que es una empresa del grupo. Expedían una orden de compra, los contratistas presentaban una factura y ellos se la pagaban. Había otra forma que eran los cheques, me llegaban vía Recaudos & Tributos; esos cheques yo se los entregaba a Ramón Navarro y desde la gerencia de la Triple A eran enviados con guardias de seguridad de la empresa a los bancos, quienes los cambiaban y luego regresaban a la empresa con el efectivo y lo entregaban a distintos beneficiarios”.

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También sustraían dinero, de acuerdo con la versión de Serrano, por medio de contratos de Inassa. “Se necesitaba un dinero por parte de Inassa de manera urgente. No sé cuál era el destino de estos recursos, pero no tengo conocimiento si ellos tenían autorización para los contratos, pero dieron la orden por 4.500 millones de pesos, que se hicieron a través de cuatro contratos. Además, Serrano dijo que, en una conversación con Ramón Pereira, le preguntó si los contratos tenían autorización de la junta porque excedían el monto autorizado, a lo que Navarro le habría contestado que la junta era Edmundo Rodríguez Sobrino, es decir, que el socio mayoritario tenía conocimiento de esa contratación y también habían sido revisados por Diego García Arias, a quien se los enviaron para su corrección y fue quien firmó los cuatro contratos en representación de Inassa”.

Para los giros realizados por Triple A a R&T, utilizaban a empleados y terceros proveedores, entre los cuales mencionaron varias empresas. Los montos iban desde 300 hasta 900 millones de pesos, y una vez cobrados, regresaban a la Triple A. Era una especie de carrusel.

De hecho, en otro de los testimonios revelados en la audiencia, uno de los de los guardias de seguridad expuso la manera cómo cambiaban los cheques. Robinson Humberto Ardila, quien trabajó desde 1998 como escolta, afirmó que sacaban cheques a su nombre, le decían que los fuera a cambiar y que una vez tenían en efectivo, se lo entregaban a Ramón Navarro.

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Realizaron esas operaciones de cambios de cheques durante cuatro años, por medio de los guardias de seguridad y escoltas de la empresa, en recorridos que iban desde la sede de la empresa en el barrio El Prado hasta las instalaciones de R&T, donde retiraban los giros, los cobraban y luego regresaban a la Triple A con el efectivo, donde los guardaban en una caja fuerte.

Tanto Navarro Pereira como Serrano Monsalvo hicieron pasar estos contratos y órdenes de pedido como si fueran gastos de la Triple A, dando lugar a errores en la liquidación de dividendos y regalías del Distrito y los demás socios.

En Barranquilla nadie se atrevía a criticar a la Triple A con el argumento de que es una empresa que presta un buen servicio público, pero estos hechos sin duda obligan a mirar con lupa el cobro de tarifas y subsidios tan elevados a los usuarios, pues si han estado defraudando y no parece haber déficit, se debiera revisar la facturación y la contratación.

También se supo en la audiencia que el Distrito debe a Inassa 70.000 millones de pesos, pero ante estos hechos es inevitable preguntarse: ¿si los directivos de Inassa ordenaban sustraer recursos de la Triple A, no serán los socios quienes deben devolverlos a la empresa?