Fiscalía imputa a excontratista de ANI que participó en entramado para adjudicar dos otrosíes al contrato Ruta del Sol II

Las imputaciones de Fiscalía General de la Nación a los involucrados en el entramado de corrupción que fraguó la multinacional brasilera Odebrecht continúan. En el último mes, al menos, 27 investigados fueron imputados y todos hacían parte, de alguna forma, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En esta oportunidad, un fiscal del Grupo de Tareas de Especiales para el caso Odebrecht presentó ante un juez de control de garantías a Harbey José Carrascal Quintero, excontratista de la ANI, por su presunta implicación en una serie de irregularidades relacionadas con el contrato Ruta del Sol II.

Carrascal Quintero, un experimentado abogado especializado en Derecho Comercial, desempeñó un papel crucial en la Gerencia de Gestión Contractual de la ANI desde el año 2008 hasta el 2016.

Durante su tiempo en la entidad, según el ente acusador, participó en la elaboración del concepto jurídico que respaldó la emisión del otrosí 3, el cual autorizó la realización de estudios y diseños para el tramo Ocaña – Gamarra. Además, estuvo involucrado en la configuración del otrosí 9, que alteró la fórmula de cálculo de los traslados de aportes INCO a la cuenta de la concesionaria.

La evidencia recopilada sugiere que Carrascal Quintero habría tenido un papel preponderante en la concepción del marco jurídico y contractual del proceso de licitación del contrato N°. 001 de 2010, conocido como Ruta del Sol II. Se alega que este funcionario tenía un conocimiento exhaustivo de la estructura del contrato y que participó en las mencionadas adiciones sin tener en cuenta principios esenciales de la contratación pública, tales como la transparencia, la planificación y la responsabilidad. Se presume que estas acciones favorecieron los intereses de la concesionaria, que incluía a la constructora brasileña Odebrecht.

En virtud de estas graves acusaciones, la Fiscalía imputó a Harbey José Carrascal Quintero los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, es importante destacar que el acusado no aceptó los cargos, y se espera que el caso continúe su curso en el sistema judicial, donde se determinará la culpabilidad o inocencia del imputado.

Esta investigación sigue arrojando luz sobre los actos de corrupción que tuvieron lugar en la ANI y en la ejecución del contrato Ruta del Sol II, lo que representa un hito en los esfuerzos por esclarecer y sancionar la corrupción en el sector público y las irregularidades vinculadas a la empresa Odebrecht en Colombia.

Imputan a tres exdirectivos de la ANI

Entre los imputados por las irregularidades en la Ruta del Sol II en el último mes están tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, señalados de participar en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Los acusados, incluyendo al exvicepresidente de Gestión Contractual y al exgerente de Proyectos, son sospechosos de tramitar y aprobar irregularmente modificaciones en el contrato de concesión Ruta del Sol II, beneficiando al contratista Odebrecht y perjudicando las condiciones técnicas y financieras del proyecto.

Los imputados son Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual; José Andrés Torres Rodríguez, exgerente de Proyectos, y Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico de la ANI.

De acuerdo con las investigaciones y los elementos de prueba recopilados, estos exdirectivos habrían facilitado y aprobado de manera irregular las modificaciones realizadas a los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010. Estas modificaciones habrían beneficiado al consorcio concesionario, del cual formaba parte la empresa Odebrecht, en detrimento de las condiciones originales del contrato.

La evidencia presentada ante la Fiscalía sugiere que, durante el ejercicio de sus funciones, los imputados habría “formulado, avalado y firmado” estudios de conveniencia, actas de comité de contratación y otros documentos que permitieron la viabilidad de las adiciones al proyecto vial. Estas adiciones, según el ente acusador, implicaron ajustes tanto técnicos como financieros del contrato, sin que existieran “estudios serios y completos” para respaldarlas.