Los 6 casos por los que el expresidente de la Corte Francisco Ricaurte está en La Picota

La imagen de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia preso ya es de por sí impactante. Y eso, precisamente, fue lo que desató el revuelo que hubo cuando se hizo pública la foto del ahora exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez siendo procesado por varios delitos y cuya responsabilidad penal -la cual se encuentra siendo analizada por los despachos judiciales que alguna vez representó desde su dignidad- lo tiene hoy tras las rejas. Está recluido en una celda de La Picota, en Bogotá.   

Ricaurte es abogado, tiene posgrados, trabajó en algunas cámaras de comercio y pasó, entre otras entidades, por la Corte Suprema y por el Consejo Superior de la Judicatura; pero, no obstante, su nombre es hoy recordado por la opinión pública debido a su presunta participación en el escándalo del cartel de la toga. La Fiscalía ha dicho que era una organización criminal que vendía fallos y torcía procesos judiciales a cambio de millonarias cifras, la cual operó entre el 2013 y el 2016.

En este escándalo, además de Ricaurte, están involucrados Gustavo Moreno, quien paradójicamente fue fiscal anticorrupción; Gustavo Malo, actual magistrado de la Corte Suprema; y, entre otros, el abogado Leonardo Pinilla. 

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Este fin de semana, otra vez por razones estrictamente judiciales, el nombre de Ricaurte volvió a saltar a la palestra pública, pues la Fiscalía lo acusó formalmente de varios hechos punibles. Según el organismo acusador, el exmagistrado “deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente”.

SEMANA le explica los 6 eventos por los que el expresidente de la Corte Suprema está preso y por lo que el 17 y el 18 de mayo próximos deberá presentarse nuevamente a audiencia.   

1. Caso Álvaro Ashton: La Corte Suprema lleva varias investigaciones relacionadas con el excongresista liberal Álvaro Ashton. Entre ellas, una por presuntos nexos con paramilitares del Atlántico, abierta en el 2012. Según la Fiscalía, Ashton se comunicó con Ricaurte para evitar el comienzo de la investigación y, claramente, una captura. Para ello, el valor facturado fue de $1.200’000.000. El expresidente del alto tribunal habría instruido a Gustavo Moreno sobre la cantidad a cobrar y la forma de repartirse el dinero recibido.

2. Caso Musa Besaile: El excongresista de la U, investigado también por presuntos nexos con paramilitares, habría entregado en el 2015 en la oficina de su abogado defensor, Luis Ignacio Lyons España, la suma de $390’000.000. De esa cifra, al parecer, $290’000.000. estaban destinados para Ricaurte.

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3. Caso Juan Carlos Abadía: Considera la Fiscalía que entre el 2015 y el 2016, Ricaurte y Alfredo Betín -quien para entonces era fiscal delegado ante la Corte Suprema- llevaron a que dos de las investigaciones que se adelantaban contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fueran archivadas y a impedir que se le realizaran más imputaciones.

4. Caso Fonade. Entre el 2014 y el 2015, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) fue el fortín político de Musa Besaile y Bernardo ‘el ñoño‘ Elías, en palabras de la Fiscalía. En este caso, también de acuerdo con la Fiscalía, Ricaurte sugirió -junto con otros congresistas- la designación de Alfredo Ramón Bula Dumar, hermano de un abogado miembro del equipo de Malo Fernández, como gerente del Fondo.

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5. Caso por el exgobernador de Córdoba: Se presume que Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, se contactó con Camilo Tarquino Gallego, exmagistrado de la Corte Suprema, con el fin de que su proceso fuera manipulado a su favor. Al parecer, por ese tipo de intervención ilegal, se le habrían cobrado $20.000’000.000.

6. Caso por el excongresista Julio Manzur: Según el organismo investigador, el exparlamentario recibió información privilegiada sobre su captura a mediados de diciembre de 2014. De acuerdo con las autoridades, Gustavo Moreno solicitó a Manzur el pago de $2.000’000.000 para que se pudiera evitar “un acto tan bochornoso”. Sin embargo, Manzur fue capturado por haber rechazado la cifra.