Fiscalía imputará al gobernador de Chocó, Ariel Palacios, por contratos en la pandemia

La Fiscalía General de la Nación anunció que este 10 de marzo se iniciará el proceso de imputación de cargos en contra del gobernador del departamento del Chocó, Ariel Palacios Calderón, al ser acusado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

De acuerdo con un comunicado del ente acusador, este caso está relacionado con el contrato número 003, del 3 de abril de 2020, firmado por Palacios. Dicha contratación tenía como objetivo la obtención y repartición de elementos de bioseguridad con los cuales poder atender la emergencia derivada de la pandemia por covid-19 en este departamento del noroccidente de Colombia.

“Las evidencias dan cuenta de que el mandatario celebró el citado contrato, cuyo valor superó los 220′000.000 de pesos de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”, aseguró la Fiscalía.

Asimismo, esta entidad informó que la Gobernación, ya sea por accidente o por omisión, no cumplió con algunos requisitos esenciales para la legalización de un contrato, siendo el detalle más importante la no publicación del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), “dentro de los tres días después de la celebración. El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después”.

Cabe recordar que esta diligencia será realizada por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el papel de funcionario público que cumple a la fecha el acusado.

Sin embargo, este no es el primer lío judicial que rodea a Palacios, teniendo en cuenta que en marzo de 2021, la Fiscalía radicó un escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra del mandatario por presuntas irregularidades en la contratación de actividades educativas y publicitarias que no cumplían con los requerimientos necesarios para poder mitigar la propagación de la pandemia en Chocó.

De acuerdo con el delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, los hechos investigados tienen relación con el “contrato de prestación de servicios” n.° 198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”.

Igualmente, mencionó que “el contrato, cuyo valor ascendió a 2.091′500.000 pesos contempló once ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos”.

Así, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el contrato se habría celebrado en total vulneración de decretos y resoluciones establecidas por el Gobierno nacional, en relación con la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Además, otro de los errores fue no haber invitado a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del Chocó durante el proceso de selección de las entidades encargadas de las actividades acordadas en dicho contrato.

Es importante señalar que esta, como otras investigaciones que se han realizado durante la pandemia, tienen relación directa con los procesos de indagación que han venido adelantando la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en su rol como organismos de control de Colombia, así como la Fiscalía General de la Nación.

Dichas investigaciones nacen tras las denuncias sobre presuntas irregularidades que se estarían cometiendo dentro del proceso de contratación en el marco de la emergencia sanitaria para contrarrestar la propagación de la covid-19.