JUSTICIA

Granados, de contralor de Bogotá a imputado por corrupción

En audiencia de imputación de cargos, el funcionario deberá responder por supuestos favorecimientos para la multinacional Odebrecht en la época en que fue gobernador de Boyacá. Estas son las pruebas en su contra.

17 de octubre de 2018
| Foto: Fotomontaje SEMANA

Si algo viene caracterizando los últimos escándalos de corrupción es que han permitido sacar a la luz pública aquellos perfiles de investigadores que deben ser investigados. El proceso más estruendoso fue el del ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno; detrás de él la Fiscalía ha anunciado investigaciones contra por lo menos un centenar de funcionarios. Esta vez el turno es para el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, quien será imputado por varios delitos relacionados con presuntos favorecimientos a la multinacional Odebrecht; la Fiscalía también anunció medida de aseguramiento en su contra.

La Fiscalía lo citó a audiencia para el próximo 29 de octubre para que responda ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, entre otros. El eje de los cuestionamientos en su contra giran alrededor de que estaría involucrado en posibles irregularidades en su condición de candidato a la Gobernación de Boyacá; además, lo señalan de otros hechos similares que habrían sido cometidos como primer mandatario durante el período 2012- 2015. En todos estos casos, el propósito habría sido favorecer a Odebrecht, la brasileña que pagó millonarias coimas para obtener contratos de infraestructura en el país.

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La llegada de Granados a la Contraloría se caracterizó por la imposición de una multa contra el exalcalde Gustavo Petro por el supuesto detrimento patrimonial que dejó la reducción del pasaje de TransMilenio en las horas valle. La multa alcalzaría los 200.000 millones de pesos y quedó en suspenso por una medida cautelar que impuso el Tribunal Superior de Bogotá; en esta sede judicial se revisa de fondo la sanción. Este caso fue archivado por la Procuraduría, quien al revisar la actuación disciplinaria del exalcalde concluyó que se trató de una política pública sustentada en estudios técnicos sobre la cual no cabe reponsabilidad alguna en contra de Petro. 

Hace más de un año, el contratista Federico Gaviria le contó a la Fiscalía cómo ocurrieron los presuntos hechos de corrupción con los que Odebrecht intentó ganar terreno en megaobras del departamento de Boyacá. En su declaración salpicó al exgobernador Granados en presuntas conductas irregulares para favorecer a los brasileños en dos proyectos: la vía Duitama-San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.

La Procuraduría ya había abierto investigación disciplinaria en contra del contralor, para que responda por presuntas conductas irregulares tendientes a favorecer a la multinacional en esos proyectos. Para el Ministerio Público, como gobernador y presidente de la junta directiva de la CAR Cundinamarca pudo haber influido en decisiones en favor de terceros. 

Las declaraciones que lo salpican

Federico Gaviria asegura que por solicitud del exsenador (capturado) Plinio Olano entregó 200 millones de pesos para la campaña de Granados a la Gobernación de Boyacá. “Este aporte se realizó en una reunión en la misma casa de habitación de Plinio Olano, del conjunto residencial Aposentos, en la que participaron el señor Luiz Bueno, Plinio Olano y yo”, explicó. Esta versión fue negada por Granados.

Gaviria describe que se realizó un encuentro posterior con Granados para que este pudiera explicar su plan de infraestructura llamado “Maravillas de Boyacá”. “Esa reunión fue entre semana, en horas de la noche. De allí se estructuró una segunda a la que asisten Luiz Bueno, Plinio Olano, Juan Carlos Granados y Federico Gaviria. Granados comenta su plan de infraestructura, se detuvo a exponer lo relacionado con la vía Duitama San Gil, que para el departamento de Boyacá era importante porque comunicaba al departamento con Bucaramanga hacía Venezuela”.

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De esas reuniones se habría desprendido el compromiso de pagar los 200 millones de pesos a la campaña, los cuales habrían sido entregados a través del exsenador Olano. “A los pocos días, el señor Luiz Bueno en compañía mía le entregamos los 200 millones de pesos en efectivo al señor Plinio Olano en su residencia”. Gaviria precisa que las citas en la casa de Olano en Aposentos fueron tres y que el Luiz Bueno llevó un “morralcito” para entregar el dinero.

Una vez Juan Carlos Granados sale electo habría comisionado a su secretario de Planeación, Bernardo Umbarila Suárez, para ser el interlocutor único con la compañía Odebrecht y para estudiar la viabilidad de la carretera. Por el lado de Odebrecht, la responsabilidad de supervisión recayó en Éder Paolo Ferracutti, quien contrató una firma que estudiara el proyecto.

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Según Gaviria, en esta etapa se realizaron varias reuniones en el restaurante de un hotel en Tunja y en Bogotá. A algunas habría asistido Juan Carlos Granados como gobernador electo. Sin embargo, lo que señala el lobbista es que el resultado de estos estudios fue negativo, que la carretera era inviable financieramente ya que no tenía un tráfico alto y el ingreso de peajes era muy bajo.

Granados aseguró que no le pidió ni le recibió a ninguna empresa aportes para su campaña: “No recibí sino lo que la campaña reportó al Consejo Nacional Electoral pero esos dineros nunca fueron intermediados por nadie, de esa empresa multinacional no se recibió ningún aporte”. Granados precisa que Olano lo respaldó a su candidatura a la Gobernación al igual que lo hicieron todos los congresistas que hacían parte del Partido de la U. Negó haber conocido a Luiz Bueno, a Eleuberto Martorelli y que hubiera existido una reunión con ejectivos de Odebrecht en su casa.

“El plan Maravillas de Boyacá no existía, se llamaba era Boyacá se Atreve y esta vía a la que él se refiere no estaba porque para esos momentos de la campaña existía un contrato de concesión que no había sido liquidado por parte de las gobernaciones de Boyacá y Santander. Yo no la pude incluir porque tenía un contrato vigente”.

Frente a la supuesta participación de su director de Planeación aseguró que esa dependiencia tiene la función de informar de los planes del departamento a quienes puedan estar interesados. “Si él se vio con Odebrecht fue porque esa era su función. Hablan de una retribución pero no le dimos ningún contrato, ni desde la Gobernación, ni desde la CAR y por el contrario, cuando me convertí en contralor le abrí un proceso de responsabilidad fiscal por 230.000 millones de pesos, esto es más de 1.000 veces el aporte que supuestamente me dieron”.

El lío de Ptar Salitre

Según Gaviria, como se canceló el proyecto, Olano procedió a hacer una solicitud acorde a sus necesidades del momento para que Odebrecht pagara 500 millones que en ese momento le adeudaba. Fue entonces cuando señaló que Olano propuso que Granados, como gobernador y presidente del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca, ayudaría a Odebrecht a quedarse con el contrato para la ampliación de la planta de aguas residuales de Salitre.

Odebrecht participó en esta licitación como parte del Consorcio Aguas del Salitre, integrado también por la firma francesa OTV, filial de Veolia. La propuesta era que por ganarse las obras se desembolsaba el 3 por ciento del valor del contrato a los intermediarios.

“En el año 2013 hacen una reunión en la que participaron Luiz Bueno, Eleuberto Martorelli, Plinio Olano, Juan Carlos Granados, Alfred Ballesteros (exdirector de la CAR Cundinamarca) y yo. Dicha reunión fue en el apartamento de Juan Carlos Granados, en la calle 77 con 9 en Bogotá”, dijo Gaviria.

Pese a los supuestos esfuerzos que señala Gaviria, Odebrecht no ganó la licitación ya que para la época de la selección estalló el escándalo de sobornos en el mundo, lo cual dejó a la firma prácticamente por fuera de cualquier posibilidad.