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Fiscalía imputó a exdirector de La Picota César Ceballos por beneficiar a un condenado narcotraficante; así lo habría ayudado
Hay todo un entramado detrás de este caso que destaparon las autoridades.
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación presentó a tres personas acusadas de realizar diversas maniobras para favorecer a un individuo condenado por tráfico de estupefacientes.
El exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá César Augusto Ceballos Giraldo, el abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez y el investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila fueron imputados por su presunta participación en los hechos.
En marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia condenó a 16 años de prisión a un hombre capturado en situación de flagrancia con 300 kilogramos de cocaína y dispuso que debía permanecer en el establecimiento carcelario de Villavicencio.
Desde entonces, el abogado Cifuentes Rodríguez habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, facilitaran el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo, entre otros conceptos que favorecieran a su cliente.
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Por su parte, el investigador Monroy Ávila, presuntamente, se encargó de recolectar entrevistas, material fotográfico y documentos para acreditar que el condenado estaba al cuidado de los hijos menores de edad por desaparición de su esposa, algo que no correspondía a la verdad.
De esta manera obtuvo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el reconocimiento de la condición de padre cabeza de hogar.
El individuo condenado, según el material de prueba, le pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez por los privilegios obtenidos, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares involucrados en múltiples falsedades y manipulaciones a los sistemas judiciales.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al exdirector los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Al abogado Cifuentes Rodríguez, el ente le imputó los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.
Al investigador privado, la entidad le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Sin embargo, los procesados no se allanaron a los cargos.
Por los hechos investigados han sido condenados un juez de ejecución de penas, una defensora de familia del ICBF de Villavicencio y un ingeniero del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao; asimismo, avanza el juicio en contra de un juez penal de la capital del Meta.
Fiscalía acusa a dos funcionarios del Inpec
La Fiscalía General acusó formalmente a Carlos Eduardo Castañeda Lara y Luis Alejandro Blanco Bolívar, inspector y dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), respectivamente, como presuntos responsables del delito de cohecho impropio.
Los guardianes, presuntamente, llevaron al interno de la cárcel La Esperanza de Guaduas (Cundinamarca) a un hotel en Puerto Boyacá, Boyacá, contrario al sitio dispuesto por la remisión, que era un conjunto residencial.
En ese lugar debía terminar de cumplir una condena de más de seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir en concurso y por tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.
En las verificaciones se constató que alias Farid fue recibido en el hotel por una mujer, a quien el director de la cárcel La Esperanza le había arrendado un casino para la atención de los servidores.
El juez penal de conocimiento a cargo del caso fijó el inicio de la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 30 de mayo. Por estos hechos también son procesados el exdirector de la cárcel La Esperanza, mayor Fabián Ríos, y el dragoneante Yefri Torres Torres.
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