Maltrato animal
Fiscalía imputó cargos a propietaria de fundación por maltrato animal
En el proceso se constató que los protocolos de cuidado y manutención, al parecer, deterioraron la salud de algunos caninos y a otros les causó la muerte.
El Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante jueces de control de garantías a dos personas que estarían involucradas en casos distintos de afectaciones graves al bienestar y la salud de perros en Cundinamarca y Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación informó este domingo que por estos hechos, la dueña de fundación de animales fue imputada por el delito de maltrato animal.
Se trata de Maggia Alejandra Jaramillo Posada, la representante legal de una fundación de protección y cuidado animal en Ubaté (Cundinamarca).
De acuerdo con el material probatorio, esta mujer habría albergado varios perros en condiciones precarias. Múltiples visitas realizadas por las autoridades locales dan cuenta de graves omisiones en la mantención y asistencia de los animales, circunstancias que serían la causa de la muerte de algunos.
Tendencias
En las inspecciones se encontraron caninos en evidente deterioro físico y deshidratación, zonas sucias, descuido en los horarios de alimentación y pulgas, entre otros factores que inciden negativamente en la salud de los animales.
Además, entre una y otra visita se detectó una disminución en el número de animales sin que existiera trazabilidad de adopciones o explicaciones sobre esas ausencias. Algunas personas denunciaron lo que ocurría e indicaron que vieron a varios animales morir, debido al alto grado de desnutrición y el mal estado en el que permanecían.
En ese sentido, para la Fiscalía está claro que la señora Maggia Alejandra Jaramillo, al parecer, falló en la posición de garante que tenía y omitió salvaguardar la vida e integridad física y emocional de los caninos.
Ataque a golpes
En otro caso, el ente acusador señaló que el 23 de octubre de 2020, en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín (Antioquia), Ruilber Alberto Ferrer Alaña habría causado la muerte de un perro a golpes. La ciudadanía alertó a la Policía sobre las agresiones contra el animal.
Ese día, Ferrer Alaña, supuestamente, lo llevó a una terraza, lo golpeó y arrojó por las escaleras. Los resultados de la necropsia realizada al canino evidenciaron que la muerte fue producto de múltiples contusiones, hemorragias y laceración encefálica.
Por este hecho, el hombre fue imputado por el delito de maltrato animal.
La Fiscalía hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar posibles casos de maltrato animal llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).
Muere en plena vía de Cartagena un caballo obligado a recorrer 23 kilómetros
Recientemente se conoció un lamentable caso de maltrato animal en Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, donde un caballo murió por cuenta de un extenso recorrido al que fue sometido por su dueño, según informó la Policía Metropolitana.
El equino se desplomó sobre el pavimento de una de las vías de la ciudad y, aunque recibió asistencia veterinaria mientras agonizaba, la magnitud del desgaste al que fue sometido le provocó la muerte.
Entre tanto, autoridades cartageneras confirmaron que el dueño del animal fue retenido mientras avanza la investigación por los hechos.
Lo que más indignación causó entre la opinión pública es el hecho de que el caballo fue obligado por su dueño a recorrer una distancia de aproximadamente 23 kilómetros atado a una motocicleta.
Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó a finales del pasado mes de junio un proyecto que establece que los vehículos de tracción animal, como los que usan caballos para movilizarse, no podrán seguir transitando en el país.
Lo anterior quiere decir que las carretas, carruajes, zorras o cualquier elemento o vehículo que sea halado por animales como caballos, mulas u otros no podrán circular por las vías del territorio nacional, salvo algunas excepciones como vehículos de tracción animal que sean destinados a actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, forestales y deportivas.
La medida pretende reducir los abusos y casos de maltrato que sufren los animales cuando son usados con estos fines, muchas veces sin los cuidados y la atención necesaria para evitar un desenlace fatal.
El proyecto aprobado por el Congreso de la República también implementará un sistema de sustitución por vehículos motorizados que cumplan esas funciones, a través de un programa de reconversión laboral diseñado para no afectar a los trabajadores de este tipo de mecanismos de movilidad. El proyecto fue liderado por la congresista Ana María Castañeda, de Cambio Radical.
Habrá un plazo de cinco años
El proyecto también establece que en un plazo máximo de 5 años las alcaldías y gobernaciones del país deberán iniciar programas de sustitución en los lugares en donde aún se utilicen vehículos de tracción animal. “Las autoridades competentes procederán a su retiro, inmovilización e incautación”, dice el articulado aprobado en el Congreso.
No obstante, en uno de los parágrafos se señala que no todos los vehículos que usan animales para transporte entrarán en la vigencia de esta ley. Quedarán exentos de la medida los vehículos de tracción animal que sean destinados a actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, forestales y deportivas, de acuerdo con las normas que deberá expedir sobre el tema el Ministerio de Transporte.
Se aclara también que, para continuar con estas actividades, los animales deberán estar censados y registrados ante las autoridades locales competentes. Asimismo, las autoridades de tránsito y salud deberán implantar en cada animal un microchip de identificación con el que se pueda vigilar sus condiciones zoonóticas, sanitarias y de movilidad.
Las actividades exceptuadas también deberán controlar que los animales no ejerzan labores por más de 8 horas al día ni carguen por encima de su peso cuando lleven otros elementos, como carretillas, herrajes, pasajeros y conductor. A pesar de esto, si los dueños lo consideran, podrán acogerse a la sustitución contemplada de manera voluntaria.