Nación
Fiscalía incautó 6.000 millones de pesos de red criminal que constituía empresas de papel
Cientos de personas naturales y jurídicas legalmente constituidas serían clientes de esta organización ilegal.
En la búsqueda de frenar los delitos que afectan al patrimonio del Estado, la Fiscalía logró imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a seis personas, presuntamente implicadas en una multimillonaria defraudación al Estado.
De acuerdo con la entidad acusatoria, se recolectó el suficiente material probatorio, por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, el cual fue más que suficiente para que un juez de control de garantías de Bogotá impusiera el encarcelamiento de los implicados, cuyos nombres son Marisol López Sambrano, Jaime Cedeño, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Roberto Gualdrón Fernández, Dairo Manuel Enciso Beltrán y Dagoberto Hernández Ramírez.
Según la Fiscalía, dichas personas “están siendo procesadas como posibles responsables de conformar una empresa criminal que entre 2012 y 2023 habría simulado operaciones por más de 155.000 millones de pesos”.
Tras acciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto a la Policía Nacional, se pudo incautar más de 6.000 millones de pesos en efectivo que estaban empacados en cajas de cartón, producto de un allanamiento que se hizo en el domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas.
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Para Leonardo Quevedo Castillo, Director especializado contra los Delitos Fiscales, “la Fiscalía General de la Nación continúa desarticulando organizaciones delictivas, dedicadas a defraudar al Estado a través de la simulación de operaciones económicas con facturas falsas”.
En la misma línea, Castillo especificó que los acusados crearon empresas de papel para soportar las operaciones de comercio. Estas facturas falsas eran compradas por alrededor de 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
En cuanto al material de prueba, se resaltó que a través de dicha acciones, los clientes de la organización ilegal decían apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
A su vez, el ente de control complementó que “también les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros”.
Así las cosas, gracias a la labor de la Policía judicial se logró evidenciar que estas personas, aparentemente, hacían el cobro a terceros de un monto porcentual entre el 1 % y el 5 %, sobre el subtotal de las facturas falsas donde se consignaba mercancía que no existía.
En efecto, la Fiscalía le imputó a los capturados delitos como: enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado (continuado).
Fiscalía ocupa 15 bienes de red dedicada a la explotación ilegal de oro en Nariño
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, ocupó 15 propiedades aparentemente relacionadas con delitos ambientales.
Dicha incautación se efectuó en el marco de la estrategia ‘Argenta’, la cual fue promovida por el fiscal general, Francisco Barbosa.
La Fiscalía detalló que la operación se realizó en los municipios de Barbacoas y Tumaco, situados en Nariño, al igual que en Cali, Valle del Cauca, y Bogotá. Durante la acción, las autoridades lograron la ocupación de 6 inmuebles urbanos, 6 establecimientos de comercio, 2 vehículos y 1 entable minero destinado a la extracción ilícita de oro.
Según el informe del ente de control, las investigaciones dieron el paso para establecer que estos bienes forman parte del patrimonio ilegal de una organización delincuencial dedicada a la explotación ilícita de oro en Colombia. Lo alarmante es que estas actividades se realizaban sin contar con los permisos legales requeridos, como el título minero y la licencia ambiental.
En adición, los investigadores destaparon que varios de los predios afectados estaban registrados a nombre de sujetos que, al parecer, se valían de entables mineros ilegales a cielo abierto. Los bienes afectados por medidas cautelares, tienen un valor conjunto de más de 5.000 millones de pesos.
