Directivos de Coomeva EPS habrían desviado dineros

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer una resolución de acusación contra ocho exdirectivos de la EPS Coomeva, Coomeva corporativa y una empresa particular llamada Medicamentos de Occidente Ltda.
Los empleados tendrían responsabilidad en el manejo irregular de recursos y en una inexplicable contratación.

Los representantes y socios de la empresa de Medicamentos de Occidente vinculados al proceso son: Jairo Alonso Estadita Monroy, Mariana Carbonell Jimeno y Edgar Ricardo García.

Por Coomeva EPS aparecen involucrados Jorge Humberto Céspedes Ibarra, gerente de la entidad; Manuel Humberto León Avellaneda, exdirector médico nacional; Carlos Arturo Parra Orozco, jefe nacional de alto costo; y, otros funcionarios como: Melba Lucía Flórez, exgerente corporativa de salud y Laureano Novoa Guevara, exgerente general corporativa y exgerente de la EPS.

La historia comienza once años tras. Entre el 2003 y el 2006 Coomeva EPS contrató a la firma Medicamentos de Occidente Ltda para que suministrara tratamientos para VIH-sida y de trasplantes de rodillas y cadera. Lo extraño del asunto, es que esta sociedad no tenía reconocimiento como IPS y había sido creada seis meses antes de la contratación.

Tal y como dice el documento: “la luz de su objeto social no podía cumplirse debido a la falta de requisitos de habilitación y de capacidad. Se dio un lucro excesivo en el suministro de medicamentos para el manejo de pacientes con VIH-SIDA, como en la atención de personas con esa patología, al igual que en lo referente a los procedimientos para el reemplazo de articulaciones de cadera y rodilla, que adicional a lo anterior se presentaron diversas irregularidades tales como: haber realizado facturaciones dobles, facturar atención a personas fallecidas o a afiliados que fueron atendidos por otra entidad”.

Dicha empresa manejó recursos por cerca de 40.000 millones de pesos pertenecientes al sistema general de salud durante tres años, lo cual le dejó -según los investigadores- una utilidad de más de 3.500 millones de pesos por la intermediación.

Según lo explicó el fiscal Jorge Rojas, en la última etapa del proceso se encontró que “se manejó irregularmente los recursos de la salud y esos recursos son parafiscales, por eso se habla de peculado por apropiación. Estas personas se convierten en servidores públicos transitorios al manejar recursos parafiscales”.

Por este penoso caso, a los responsables del desvío de recursos le serían imputados los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contrato sin cumplimento de requisitos legales.

Los archivos muestran que el dinero iba a parar a cuentas en el exterior y a la compra de lujosos inmuebles. Por esto, la Fiscalía iniciará el proceso de extinción de dominio, teniendo en cuenta la cuantía de las utilidades que ellos, presuntamente, recibieron. De esta manera, se recuperaría el dinero que se le quitó a la salud.

“Dentro de la resolución de acusación se ordena la compulsación de copias para que se inicie el proceso de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Extinción de Dominio”, informó Rojas.

Además, el funcionario advirtió que la Fiscalía tiene en su poder sendos folios de otras investigaciones “muy sensibles de otras EPS que estarían incurriendo en los mismos delitos y esperamos que en mes podamos culminar esos procesos”.