Justicia investiga otra tutela que vincula a Pretelt y Escobar Gil 

El organismo acusador busca establecer si se cometieron actuaciones irregulares cuando Pretelt proyectó un fallo que le permitió a la firma Recaudos y Tributos seguir ejecutando un multimillonario contrato relacionado con el cobro de impuestos en Santa Marta.

La Alcaldía de ese distrito había decidido revocar el contrato del que era ejecutora la empresa en cuestión, de la que Rodrigo Escobar Gil era apoderado. Por eso, emitió una resolución en la que dejaba sin efectos ese convenio contractual.

Con la asesoría del la firma de abogados que dirigía el exmagistrado Escobar Gil, la recolectora de impuestos acudió a diferentes jueces de tutela, empeñada en convencer a la justicia de que mientras el Distrito de Santa Marta no se sometiera a un proceso judicial que podría tardar años, Recaudos y Tributos debería seguir siendo la contratista.

El proceso fue escogido para revisión de la Corte Constitucional y le correspondió proyectarlo al magistrado Jorge Ignacio Pretelt. En una muy discutida decisión, esa corporación falló a favor de la empresa defendida por Rodrigo Escobar, lo que obligaba a Santa Marta a seguir pagándole a su incómoda contratista.

Esa actuación dejó muy preocupados a los magistrados de la Corte. Entre ellos Luis Ernesto Vargas, quien presentó un duro salvamento de voto a esa determinación en la que expresó por qué, su juicio, la sentencia proyectada por su colega Ptetelt no reunía los argumentos jurisprudenciales para darles la razón a los defendidos por Escobar Gil.

El hoy exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo siguió siendo el abanderado de la causa para evitar que R y T siguiera acumulando recursos millonarios de ese contrato. Y lo logró ni más ni menos que a través de la Corte Cosntitucional. En un hecho muy pocas veces visto, la Sala Plena anuló la controvertida tutela.

El asunto no paró ahí. El alcalde denunció a Pretelt ante la Comisión de Acusación de la Cámara, pues sospechaba que su actuación podía haber sido producto también una conducta delictiva. Según cálculos del exburgomaestre, la anulada determinación les costó a los samarios unos $19.000 millones que fueron a parar a las arcas de R y T.

Caicedo también denunció estos hechos ante la Fiscalía e incluso pidió que Santa Marta se pudiera constituir en víctima de esos procesos penales, con la aspiración de que el Distrito recuperara los dineros que perdió mientras estuvo vigente el fallo en el cual Jorge Pretelt fue el ponente.

Así las cosas, hace algunos días el despacho de la vicefiscal informó sobre la apertura de una indagación penal relacionada con los acontecimientos denunciados por el exalcalde.

No es la primera vez que Pretelt y Escobar Gil coinciden en el trámite de procesos judiciales que luego dan lugar a procesos penales. Basta recordar el caso Fidupetrol, que los tiene a ambos en la picota, y otros más en los que los pronunciamientos del magistrado coinciden exactamente con los intereses de Escobar.

Otra vez la justicia tiene su ojo vigilante sobre un proceso judicial en el que confluyen Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar Gil. La Fiscalía abrió una indagación preliminar para determinar si se cometió un delito en el trámite de una tutela en la que el primero actuó como ponente y el segundo como apoderado de los demandantes.