DECISIÓN
Fiscalía investigará a contratista de la familia política de la gobernadora de Meta
A raíz de las denuncias del vicepresidente Vargas la lupa está puesta en la doble calzada del departamento. La Procuraduría también decidió intervenir.
Por estos días la contratación y la ejecución de las obras de la malla vial del departamento de Meta han estado en la mira no sólo de los ciudadanos, sino de los órganos de control a raíz de las denuncias que hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
"Yo como no tengo pelos en la lengua, desde el congreso de Fenalco le pido (a la gobernadora de Meta) que le explique a Colombia por qué el primo de su marido tiene contratos con la Gobernación del Meta por 400.000 millones de pesos”, con estas palabras el vicepresidente le reclamó en público a la gobernadora del Meta, Marcela Amaya.
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La alerta de Vargas Lleras caló y la gobernadora fue citada por la Procuraduría para que rindiera cuentas. "Se revisará el proceso licitatorio que dio lugar al contrato número 103 de 2016 que tiene por objeto la primera etapa de las obras correspondientes a la doble calzada en el tramo Porfía y Séptima Brigada", informó el órgano de control en un comunicado.
Además, en la segunda etapa de la doble calzada realizarán un acompañamiento preventivo al proceso que adelantará la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM).
La Fiscalía decidió hacer lo propio e iniciar "una investigación en contra de un contratista que hace parte de la familia política de la gobernadora". La referencia tiene que ver con Iván Alberto Pérez Gómez, primo de Jorge Camelo Pérez, esposo de la gobernadora Marcela Amaya. Es el gerente de la firma MC Construcciones LTDA., que cuenta con 1,8 billones en contratos entre el 2014 y el 2015 a través de 263 consorcios y uniones temporales.
Un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública determinará si las denuncias de Vargas Lleras tienen relación "con la supuesta adjudicación de contratos para adelantar la construcción de 6.000 viviendas de interés social, la construcción de 3.196 unidades en Villavicencio, así como 2.600 más en otros municipios de Meta. Los hechos habrían ocurrido durante la administración de Jara Urzola y la alcaldía de Villavicencio de Juan Guillermo Zuluaga.", informó la Fiscalía en un comunicado.
Por su parte, Marcela Amaya ha tratado de defenderse de las acusaciones. “No tiene por qué reclamarme en público. No tiene por qué enviarme tres derechos de petición porque hacemos parte del Gobierno y cada vez que me ve, no hace sino hablarme de eso (…) lo molesto es que el vicepresidente no escuche y no vea la voluntad política y administrativa de la región… yo qué culpa tengo de que se haya estructurado mal este proyecto con la ANI”, dijo Amaya en una entrevista para RCN Radio.
Así las cosas, la gobernadora de Meta deberá rendir cuentas no sólo a Vargas Lleras, sino a la Fiscalía, la Procuraduría y, por supuesto, a los ciudadanos.
