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Fiscalía investigará carteles de la salud en la Costa Caribe
Se busca determinar quiénes y por medio de qué clínicas se robaron casi 50.000 millones de pesos en supuestos tratamientos a enfermos mentales y de hemofilia que no existían.
Poco a poco han aparecido más pruebas de lo que sería un millonario desfalco a la salud en Sucre. Durante este año se conocieron dos grandes carteles que se habrían apropiado de casi 48.000 millones de pesos: el de la hemofilia y los enfermos mentales.
Los dos presuntos desfalcos los reveló la Contraloría General, después de hacer unas auditorías al manejo de los recursos en el departamento. Y ahora pasarán a ser investigados por la Fiscalía General.
En el primer cartel -revelado en el pasado junio- se encontró que la Secretaría de Salud Departamental habría pagado 44.812 millones de pesos a dos IPS por supuestas prestaciones de servicio a pacientes hemofílicos, sin que mediara una EPS, con exámenes de laboratorio alterados, el pago medicamentos que nunca se suministraron y, peor aún, pacientes inexistentes.
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Por su parte, en el cartel de los enfermos mentales -conocido el pasado 14 de diciembre- hallaron que la Gobernación de Sucre habría pagado 3.173 millones de pesos por tratamientos para enfermos mentales que no existían, y con facturación falsa.
El mismo contralor general Edgardo Maya Villazón trasladó los oficios al fiscal Néstor Humberto Martínez. Allí no solo detalló los hallazgos, sino que también le entregó los nombres de las IPS cuestionadas en el cartel de los enfermos mentales.
Estas son: la Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral, la Clínica Santa Isabel Limitada, la Fundación Libertad y Fe Esal, la Fundación Nuevo Ser Esal, la Fundación Sembrando Esperanzas y la Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.
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Ante la gravedad de lo encontrado en ese departamento, el contralor Maya Villazón también le informó, desde noviembre, al ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, sobre las posibles irregularidades y le solicitó que “en el marco de las competencias y funciones del Ministerio de Salud, y de la Superintendencia de Salud, se tomen con carácter urgente las medidas pertinentes, con el fin de proteger el recurso público”.
Ahora depende de la Fiscalía General la prontitud con la que se investigue a todos los involucrados en estos carteles y, de ser el caso, se les haga pagar por el fraude. Y queda en las manos del Ministerio de Salud buscar las medidas necesarias para evitar que sigan ocurriendo estos millonarios desfalcos a la salud.
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