El testigo oculto que destapó los pagos de Chiquita Brands a los paramilitares

El financiamiento a las autodefensas en el Urabá antioqueño y Santa Marta es un hecho conocido que tiene en jaque ante la justicia colombiana a 13 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands. Lo que no se ha dicho es que, según testimonios a los que les da plena credibilidad la Fiscalía, la multinacional no sacrificó su propia chequera al desembolsar dineros. 

A través de sus filiales Banadex y Banacol, los ejecutivos de Chiquita Brands habrían llegado a un convenio con Carlos Castaño para que el frente Álex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá recibiera 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. En 2007 la empresa aceptó ante la justicia de Estados Unidos que bajo presión había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, desde 1997 hasta el año 2007; en ese momento se acordó con la justicia estadounidense el pago de una multa por 25 millones de dólares.

En contexto: Decisión sobre Chiquita Brands revive el debate sobre Uribe y las Convivir

Después de décadas, la Fiscalía colombiana revivió este caso, que toca las fibras más sensibles de esa transformación de las Convivir en el paramilitarismo y la estrecha alianza con sectores empresariales y políticos en Colombia. La Fiscalía llamó a juicio a 13 empresarios en una extensa decisión, de 454 páginas, que revela detalles inéditos del origen del caso y cómo un testigo a la sombra advirtió de todas las irregularidades en un escrito enviado a la Dian en 1994. 

Esta información es recogida en el año 2005, una década después, en un documento del CTI en donde refiere los supuestos hechos delictivos que estaban ocurriendo en Urabá antioqueño por grupos de autodefensas. La nota hasta ese momento anónima dice que las comercializadoras Urbán, Banacol, Del Monte, Sumisa y Chiquita aportaban USD 0,3 por caja exportada. "Esto es descontado por cada comercializadora a cada producto semanalmente y consignado a una cuenta, esa cuenta se identifica como C. La Tagua (...)".

Y continúa: "Cualquier obra o actividad que se desarrolle en la zona debe tener la autorización o el visto bueno de los paras en cabeza del comandante Pedro cuyo verdadero nombre es Raúl Hasbún y su territorio o guarida es el sector denominado Champitas a 40 minutos de Chigorodó". 

Años más adelante, al revisar todo el material probatorio, la Fiscalía encontró que estos datos no solo no eran anónimos sino que eran posiblemente ciertos. Dicha información venía firmada por el médico veterinario Hernando Bayona Páez, quien aseguró que las comercializadoras estaban descontando esos 3 centavos de dólar para transmitirlos o pasarlos por medio de las Convivir a los Power Rangers o paramilitares, como se hacían llamar. Según el testigo, que tuvo que liquidar su sociedad en Urabá y abandonar el país después de denunciar, estos pagos comenzaron a ser exigidos a los cultivadores desde mucho antes de 1997, la fecha en que la multinacional reconoció en Estados Unidos haber hecho estos pagos. 

Por la fecha en que fue suministrada esta información, año 1995, la Fiscalía cree que este mecanismo de financiamiento a los paramilitares vendría desde mucho antes y que todos los que tenían algo que ver con el gremio bananero lo sabían.

Le recomendamos: Fiscalía revive el caso Chiquita Brands y llama a juicio a 14 empleados

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía entró a abrir una investigación formal contra Chiquita Brands hasta el año 2007 y esta tardanza también es reconocida en la acusación a los 13 empresarios. Bayona Páez era codueño de una empresa productora de banano llamada Cultivos El Darién S.A.; de manera que en sus evidencias a los investigadores incluyó anexa una constancia corporativa que decía: "Cultivos El Darién S.A.; Descuentos efectuados en los embarques en las fincas Villa Lolita y Unión Pino".

La resolución de acusación no hace señalamientos en contra del declarante. A pesar de que años más tarde amplió su declaración en la Fiscalía, solo es identificado como “médico veterinario y extrabajador de alguna de las fincas del sector”, sin dejar claridad sobre si es responsable o víctima de las ilegalidades que él mismo reportó a la Dian casi 10 años. Al ser interrogado del por qué de la denuncia, el testigo asegura  que así lo hizo porque el gerente de su empresa se lo pidió. 

Pedro Bonito era el jefe del frente Alex Hurtado, la estructura beneficiaria de la plata que Chiquita descontaba. Algunas veces los recursos les llegaban por intermedio de cuentas bancarias de las Convivir y otras veces los pagos eran directos. Por años se creyó que el jefe paramilitar era el mayor delator de estos pagos de la multinacional y otros empresarios bananeros a las autodefensas. Sin embargo, en sus versiones libres ante Justicia y Paz reconoció que la denuncia del veterinario fue la que primero puso a la Fiscalía a mirar hacia las Convivir. En sus declaraciones, Pedro Bonito manifestó que estuvo a punto de mandar a matar al veterinario pero se detuvo por el hecho de que él mismo y sus hombres estaban por entrar a Justicia y Paz.

Cuando llamaron a indagatoria a Judith Teresa Hasbún, hermana mayor de Pedro Bonito, le dijo a la Fiscalía que un predio de sus padres había sido invadido en los años ochenta, motivo por el cual se inició un proceso de titularidad en el antiguo Incora. La señora dijo haber logrado un acuerdo con los ocupantes en el que ellos reconocían que las tierras pertenecían a la familia Hasbún y se comprometieron a pagar para poder quedarse. La forma de pago pactada consistía en que Banacol haría descuentos semanales a los supuestos invasores para entregarle después a ella el dinero recaudado. Ella aseguró que así se hizo desde el año 2000 hasta el 2007.

El testimonio de Bayona Pérez es creíble para la Fiscalía porque además coincide con otros testigos. Es el caso de Ludys del Carmen Palencia, una cultivadora de banano, quien asegura que a su vereda La California llegó en el año 2000 un hombre de apellido Camacho. Era reconocido jefe paramilitar del Urabá, junto con un empresario bananero y un administrador de finca. Aseguró venir de parte de Pedro Bonito con el mensaje a los campesinos de que tenían que pagar por las tierras o irse.

Le recomendamos: El hombre que fue el cerebro de la paraeconomía

Pocos días después, habría aparecido un grupo de paramilitares acompañados de funcionarias de la notaría de Apartadó. En esa reunión, los campesinos le habrían dado poder a Banacol, comercializadora que les compraba el banano, para que esa filial de Chiquita descontara del pago por cada caja de banano el valor con que se empezaría a sanear la supuesta deuda contraída con los Hasbún. 

La testigo agregó que hubo una reunión posterior entre Antonio Arboleda, jefe operativo de la Convivir Papagayo, y los presidentes de las juntas de acción comunal de 16 veredas en la cual se reajustó la cuota de pago que ya aportaban aproximadamente 2.000 campesinos bananeros. Esta vez dos comercializadoras más se unieron al pacto para efectuar los descuentos, que quedaron establecidos en 20 centavos de dólar por caja comprada: Unibán y Sunisa.

Varios testigos más aparecen en la resolución de acusación confirmando la versión que narran Carmen Palencia y Hernando Bayona. Unos de ellos dice que los paramilitares les ofrecieron pagar por la tierra a través de los descuentos y, a otros,
que vendieran “las mejoras” y se fueran. En otros casos se ofrecían ambas posibilidades.

Los aportes que transfirió Chiquita Brands al frente Alex Hurtado de las autodefensas están verificados, asegura la Fiscalía,  desde 1997 hasta 2004, año en que esa estructura se desmovilizó. Pero el testimonio de Hernando Bayona, que ahora es creíble para la Fiscalía, abriría una puerta para que se desempolve el daño causado a los campesinos del Urabá desde años  atrás. Y para esos efectos este caso en Colombia fue declarado de lesa humanidad, lo que lo hace imprescriptible.

En contexto: Las confesiones de Hasbún