Fiscalía ocupa múltiples bienes de un excongresista

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre inmuebles que pertenecerían al exsenador Martín Emilio Morales Diz y algunas personas que hicieron parte de su círculo familiar.

El proceso se originó de una compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exsenador por los delitos de: concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tentativa de homicidio, y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Entre las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 1.600 millones de pesos, está una casa ubicada en un conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá; un apartamento, dos parqueaderos y un depósito en un edificio del sector El Recreo de Montería (Córdoba).

Asimismo, se dispuso la suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles en San Antero (Córdoba) que figuraban a nombre de la excónyuge y excuñada de Morales Diz. Estos predios habrían sido adquiridos mientras el excongresista se desempeñó como alcalde de dicha población. Las investigaciones evidenciaron que uno de estos bienes, un terreno de gran extensión, aparece en el papel como si hubiera sido comprado en 2006 por 100.000 pesos y, posteriormente, transferido a la exesposa de Morales Diz. En las verificaciones se constató que, en realidad, no hubo pago alguno por esta propiedad. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La condena al excongresista en 2018

El caso de Martín Emilio Morales Diz por parapolítica y bacrimpolítica era tan complejo que hasta el mismo Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción extraditado a Estados Unidos y luego deportado, recomendó a los integrantes del llamado cartel de la toga no representarlo. Aun así lo asumieron con el compromiso de que lo único que podrían lograr allí era obtener las mejores condiciones en la inminente sentencia que se venía en su contra.

La decisión, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández, concluye que Morales promocionó a las autodefensas desde el momento en que aspiró a la alcaldía de San Antero. Una vez tomó las riendas del municipio cordobés, se alió con las Águilas Negras con el fin de facilitar el envío de varios cargamentos de droga. Como primera autoridad de San Antero, a Morales Diz la banda criminal le encomendó el papel de garantizar que pudieran salir del país toneladas de coca. Según el alto tribunal, el procesado no tuvo respeto por el derecho fundamental a la vida, dado que les pidió a uno de sus socios que realizara un atentado en contra de Wilmer Pérez Padilla, sin importarle que en esta actuación pusiera en riesgo la vida de otras personas inocentes. El hecho ocurrió el 26 de noviembre del 2006 en la residencia del también exalcalde de San Antero, en horas de la madrugada cuando la familia de este se econtraba durmiendo.

El atentado fue en su residencia en el año 2006 y –dicen los testigos- fue motivado por el cobro de una deuda económica por el apoyo que le brindó a la campaña de Morales a la Alcaldía (2004-2007). Detonaron varias granadas en el techo de su residencia, sin embargo, salió ileso. Años más tarde, en julio del 2009, Pérez Padilla fue asesinado por un sicario mientras cumplía en detención domiciliaria una condena por parapolítica.

La decisión asegura que Morales, como alcalde, se concertó con un grupo de personas para la conformación de una organización delictiva cuya finalidad era sacar del país drogas ilegales. El alto tribunal asegura que logró sacar del país tres cargamentos de cocaína. Y que para el fortalecimiento y expansión de la banda criminal, Morales aportó dinero y armas. El alto tribunal asegura que esta organización criminal, apoyada por políticos de la región, abrió una ruta de narcotráfico. De manera que Morales Diz es encontrado responsable de participar en el envío de tres cargamentos de droga, por casi 5.000 kilos de coca, incluso cuando ya era senador de la República.

Según desmovilizados de las AUC, el crimen tuvo como propósito ocultar la participación del senador en el atentado y no pagar la deuda económica. Sin embargo, la Corte lo terminó absolviendo por este hecho al no encontrar evidencia suficiente. Para la Corte, Morales participó en sucesivas reuniones en las cuales discutieron los detalles del atentado, aportó dinero para el pago del personal contratado en procura de su realización, contribuyó en la consecución de información sobre los movimientos de Pérez Padilla. Morales Diz –dice la Corte- recibió el apoyo político del comandante del Bloque Montes de María de las AUC, Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso también habló de ese supuesto apoyo a su candidatura a la Alcaldía de San Antero.