Fiscal Francisco Barbosa le pone freno a senadora petrista Isabel Zuleta, quien pide “intervenir” medios: emite directiva para proteger libertad de prensa

La Fiscalía General de la Nación emitió una directiva con la que busca garantizar la libertad de prensa en Colombia y proteger la labor periodística de los profesionales, con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información libre y oportuna.

Según el ente investigador, con esta instrucción se “imparten lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal”, lo que en palabras de la propia Fiscalía se trata de “un documento inédito” en el que se dictan ciertos lineamientos para garantizar el secreto profesional que cobija a los comunicadores en el país.

En uno de los puntos se les indica a la policía judicial y a los fiscales cómo se debe proceder para garantizar la eficaz labor de los periodistas y el derecho que tienen a no revelar detalles ni datos de las fuentes que se han consultado para poder acceder a la información.

“Tanto la policía judicial como los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas, para garantizar que el comunicador pueda tener mejor acceso a las fuentes de noticias y que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público”, señala una de las partes del comunicado emitido por la Fiscalía.

Así mismo, hace especial énfasis en la prohibición que existe sobre los fiscales en cuanto a pedirles información a quienes ejercen labores periodísticas sobre las fuentes consultadas.

“En principio, y como regla general, está constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”, señala el ente investigador en un comunicado. En este se agrega que hay ciertas limitaciones a la hora de citar a los comunicadores como testigos dentro de los procesos en los que se requiera su testimonio.

Por último, la Fiscalía les ordena a sus investigadores no realizar ningún allanamiento a los lugares de trabajo de los periodistas o a los espacios donde se crea pueda reposar información relacionada con su labor profesional.

“Los fiscales se abstendrán de ordenar cualquier actividad investigativa que ponga el riesgo el secreto periodístico, entre ellas la inspección al lugar de trabajo, al medio de comunicación u otro sitio donde reposa la información periodística”, señala el ente investigador, el cual asegura que seguirá velando por la libertad de prensa en el país.

Un grupo de 22 expresidentes de América Latina y España le exigen a Gustavo Petro que respete la libertad de prensa

Un grupo de 22 expresidentes de América Latina y España, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), hizo una declaración conjunta a raíz de la “estigmatización de la prensa” por parte del gobierno de Gustavo Petro.

“Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), consideramos nuestro deber abonar en favor del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, columna vertebral de la democracia; ello, con motivo del preocupante lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social a través de las redes digitales por parte del gobierno de Colombia; mientras prosigue el asesinato de periodistas protestados por la Unesco y la SIP”, señala la declaración.

“En fechas recientes han reaccionado ante dichos ataques los diarios El Tiempo y El Espectador, la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la vez que se cuestiona desde dicho gobierno a Caracol Radio. Sucesivamente, dado el debate público sobre presuntos hechos de corrupción en la Presidencia de la República que investiga la Administración de Justicia, se descalifica a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la Revista Semana, con el evidente propósito, según lo muestra la experiencia regional, de regimentar los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de Estado”, agrega el comunicado.

Los expresidentes recuerdan la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados contra Venezuela por su persecución contra medios como RCTV y Globovisión, entre otros.

“En una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo, están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”, señalan los expresidentes.

“Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

Firman, entre otros:

José María Aznar, España

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Iván Duque, Colombia

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei R., Chile

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad W., Ecuador

Carlos Mesa G., Bolivia

Lenin Moreno, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.