Fiscalía pide cárcel para Pacho Malo, el excoordinador del CTI en Buenaventura, capturado por corrupción

La Fiscalía imputó cargos a Francisco Javier Martínez o Pacho Malo, el excoordinador del CTI en Buenaventura, por los delitos de concierto para delinquir y acceso abusivo a sistemas informáticos. En criterio del ente acusador, el funcionario representa un riesgo para el proceso y los testigos, por eso es necesario privarlo de la libertad.

Durante la imputación de cargos, el ente acusador presentó el material probatorio en contra de Martínez que incluyó interceptaciones de teléfono, documentos y testimonios que advierten cuál era su vinculación con una organización criminal dedicada al contrabando en el puerto de Buenaventura, donde justamente trabajaba como coordinador del CTI.

“Y por lo menos a partir de 2016, finales abusando de su cargo, de sus funciones, ha conocido información reservada de indagaciones penales en las que no ejerce como policía judicial y ha compartido con personas que integran la red delincuencial a la que se inscribió en esa época, datos que por su naturaleza deben ser conocidos de manera exclusiva por la Fiscalía”, señaló la fiscal a cargo de la investigación.

La Fiscalía además advirtió varios hechos que llamaron la atención de los investigadores, por ejemplo, que aparentemente Martínez era informado por sus compañeros en el CTI de las actuaciones que se venían adelantando por parte de la dirección contra la corrupción, y en algún momento incluso dejó de hablar por su teléfono celular con los otros Implicados en el escándalo.

“Precisamente el investigador [expone] que estos abonados dejaron de arrojar resultados justamente después de que el caso fue presentado en una mesa de trabajo convocada por los directivos de la seccional y dijo también, para el mes de enero de 2017, o explicó, habrían sido citados a la dirección seccional para informar acerca del caso y sus avances con la presencia de varios servidores de la entidad”, señaló la fiscal.

Se trata de hechos que en criterio de la Fiscalía argumentan la necesidad de una medida de aseguramiento, como una advertencia adicional de unos discos que contenían los análisis a las interceptaciones hechas a las llamadas de los implicados y que no aparecieron en el expediente. La información se recuperó gracias a que estaba contenida en el servidor de la Fiscalía.

“Un informe del 16 de noviembre de 2022 se puso en conocimiento por parte de la servidora de policía judicial que esas evidencias, de esos elementos, no habían sido hallados en el almacén de evidencias y que en el SPOA aún figuraban a cargo del analista. Se contactó este servidor y él señaló que los mismos habían sido entregados en su momento al investigador líder”, señaló la Fiscalía.

A partir de estos argumentos y en criterio de la fiscal a cargo del proceso, resulta necesaria una medida de aseguramiento de un centro carcelario para garantizar que el procesado, es decir, el excoordinador del CTI en Buenaventura, no afecte la investigación ni se acerque a los testigos para que cambien su versión.

“Entre esos elementos se encontraban precisamente los resultados de las interceptaciones de comunicaciones telefónicas del señor Francisco Javier Martínez Ardila, que fueron presentados adjuntos al informe para la legalización ante el juez de control de garantías”, advirtió la investigadora del caso.