Judicial
Fiscalía pide condenar a Carlos Palacino, expresidente de SaludCoop, por multimillonario desfalco a la salud
Fue señalado de desviar recursos de la EPS para beneficio propio, aumentando así su patrimonio personal. Se trata de uno de los desfalcos más grandes que se haya dado en el sector salud.
Carlos Gustavo Palacio Antía, expresidente de SaludCoop, está ad portas de enfrentarse a una segunda condena por su participación en el millonario desfalco a la EPS. Este miércoles, la Fiscalía General pidió fallo condenatorio en contra de Palacino por los hechos irregulares que se presentaron entre los años de 1995 hasta 2010.
En los alegatos de conclusión, el fiscal del caso advirtió que Palacino tuvo conocimiento directo de las irregularidades que se estaban cometiendo en la EPS, dando órdenes directas para hacer pagos ficticios y dar información errónea al Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga).
Una decena de testigos denunciaron en juicio el aumento de los cobros y cuentas médicas por parte de SaludCoop ante el Fosyga. Sin embargo, la información entregada por la EPS sería falsa y no correspondería a la verdad frente a la atención a los usuarios, procedimientos, entrega de medicamentos y demás. Esto generó sobrecostos billonarios que nunca fueron justificados por la EPS.
“La información que remitía SaludCoop a través del aplicativo se tomaba como cierta, toda vez que no había posibilidad de verificarla. Se asumía que la historia clínica era cierta, que el acta del comité técnico científico era cierta, no se cuestionaba la legitimidad de los documentos e información proporcionada por la EPS”, señaló el fiscal al citar a uno de los principales testigos del juicio.
“Se probó que en el lapso comprendido entre el 20 de diciembre de 2010 al 11 de mayo de 2011, Carlos Gustavo Palacino, en su calidad de presidente ejecutivo y vicepresidente financiero, ordenó al área de tesorería emitir cheques para pagar cuentas médicas y los mismos cheques no se entregaron, pero contablemente sí se canceló la deuda con el prestador de salud lo que permitió al operador nacional de recobros radicar facturas con sello de cancelado que no obedecía a la realidad, pues el pago no se realizó materialmente a la IPS”, advirtió.
Para el delegado del ente investigador, durante el proceso se pudo corroborar la tesis de la Fiscalía General, que advirtió que Palacino Antía habría planeado y puesta en marcha una estrategia para desviar los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud, con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Con su actuar, Palacino habría desviado, entre 2000 y 2004, recursos cercanos a los 398 mil millones de pesos. Por esto pidió que se emita fallo condenatorio por los delitos de falsedad en fraude procesal, documento público, “La EPS Saludcoop aparentó el cumplimiento de los requisitos exigidos y se acreditó contablemente la realización de pagos inexistentes”.
En abril de 2022, Palacino fue condenado a diez años de prisión por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado.
En 2010, Palacino fue retirado de su cargo luego de que la Superintendencia de Salud interviniera el sistema y se identificara un desfalco de 1,4 billones de pesos, según la Contraloría. La apropiación indebida de recursos provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y rentas parafiscales se habría realizado entre los años 2000 y 2004. Según el ente investigador, este se calcula en 40.000 millones de pesos, lo que a 31 de diciembre de 2017 asciende a los 770.000 millones.
En las cuentas del ente de control está que los 7.000 afiliados de entonces terminaron pagando inversiones nacionales, inversiones en el exterior (México y Ecuador), adquisición de planta y equipo (activos fijos), inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas.
Por estos hechos de corrupción, en 2012 la Procuraduría General le impuso la máxima sanción disciplinaria (20 años). Esto por utilizar de manera indebida los recursos públicos de la salud.
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