Fiscalía pide condenar al juez que recibió soborno de 700 millones de pesos para favorecer a Carlos Mattos

Que sea sentenciado por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador y el delito de cohecho en calidad de autor directo. Esta fue la petición que hizo la Fiscalía General en el proceso que se adelanta contra el exjuez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas, quien habría recibido un soborno de 700 millones de pesos para beneficiar al empresario Carlos Mattos.

Después de más de cinco años de juicio, el delegado del ente investigador le pidió a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que existen pruebas suficientes para sentenciar al exfuncionario judicial que emitió, en el año 2016, las medidas cautelares que le permitieron a Matos seguir comercializando en Colombia los vehículos de la marca coreana Hyundai.

Las pruebas reveladas indican que previo a tomar su decisión, Huertas sostuvo un encuentro con Mattos para hablar del tema. El empresario ya había puesto en marcha un plan para alterar todo el sistema de repartos con el único fin que la demanda que había presentado fuera direccionada al despacho de Huertas que, en tiempo récord, falló las medidas cautelares a favor del entonces presidente de Hyundai Automotriz Colombia S.A.S.

En su intervención, el fiscal Álvaro Betancur Martínez sostuvo que con su actuar, el juez incurrió en un “detrimento total” de todos los principios constitucionales y legales que tienen los funcionarios judiciales. Al haber aceptado los dineros de Mattos manchó su función, renunciando a los principios que una vez juró defender ante todo.

“La justicia se encuentra representada en la figura de la figura de la diosa con sus ojos vendados y en este caso doctor Reinaldo Huertas, como juez sexto civil de la ciudad de Bogotá, usted antes de recibir ese proceso, en los meses de octubre y noviembre ya se había quitado la venda de los ojos”, aseveró el fiscal en sus alegatos de conclusión.

Tanto Mattos como varios implicados en este escándalo de corrupción señalaron que el juez tenía pleno conocimiento de su actuar ilegal y aun así emitió la medida para beneficiar al empresario, quien tenía un litigio con el grupo ecuatoriano Eljuri, que había recibido de la casa matriz la autorización para la venta de Hyundai en el continente.

La condena contra Mattos

Por estos hechos, el pasado 15 de noviembre, Mattos fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión. Mattos fue condenado tras aceptar su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado (en calidad de determinador). Para el juzgado, el mismo empresario reconoció haber participado en estos actos de corrupción que permearon a la Rama Judicial y afectaron gravemente su imagen.

En compañía del abogado Luis David Durán Acuña, el empresario contactó a todas las personas que tenían vinculación directa con el sistema de repartos y la asignación de procesos en los despachos civiles para convencerlos de que necesitaba alterar el sistema. Para esto, ofreció altas sumas de dinero.

Por su formación académica sabía que este tipo de alteraciones eran ilegales, sin embargo, siguió insistiendo para que la tutela que habían presentado se enviara al juez Huertas y así lograr sus pretensiones.

Mattos llegó a tal punto de ingresar, junto a otro abogado, para modificar el fallo que le brindó medidas cautelares, puesto que existía una falla de redacción. Todas estas irregularidades fueron ocultadas por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Tras conocer el fallo, Mattos anunció que presentará el recurso de apelación en contra de esta sentencia, advirtiendo que dirá “muchas verdades relevantes y delicadas y además lo haré público”.

El pasado martes 8 de noviembre, Mattos fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por haberle enviado 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que dejó en firme las medidas cautelares.

El empresario se encuentra actualmente privado en la cárcel El Bosque de Barranquilla, establecimiento al que fue trasladado después de protagonizar un escándalo por permisos fraudulentos para salir de La Picota.