Fiscalía pidió cárcel para el coronel de Tránsito acusado de secuestro

Tras considerar que el coronel Gavino Humberto Gamboa, jefe de la Policía Judicial en la Dirección de Tránsito, y cinco uniformados subalternos del oficial representan un peligro para la sociedad, el proceso y existe un riesgo de fuga, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los funcionarios de la Policía.

Para la fiscal del caso, que los uniformados se acercaran con antelación al despacho a radicar documentos en los que advertían que estaban prestos a cualquier requerimiento de la justicia no es suficiente para confirmar que estaban dispuestos a comparecer a los requerimientos que hiciera la Fiscalía. Por eso insistió ante la juez de control de garantías en que es necesaria la medida aseguramiento.

“Ellos, como miembros de la Policía Judicial, fueron los que llegaron de manera inmediata al despacho a traer los documentos. Se requieren otros elementos para confirmar la comparecencia. No son suficientes los oficios que radicaron una vez se enteraron de la investigación”, dijo la fiscal.

La Fiscalía aseguró que las capturas no se hicieron una vez se obtuvieron las órdenes judiciales, porque cuando los directivos de la Policía se enteraron de lo que estaba ocurriendo, a todos los implicados en el caso los enviaron de vacaciones; incluso, una vez terminaron ese periodo de descanso, al coronel Gavino le otorgaron otro tiempo de vacaciones.

“No íbamos a capturar a uno y a otro mañana, seguimos atendiendo como grupo cuando dentro de la teoría del caso la Fiscalía les imputa en esos mismos términos o en la modalidad que se cometió el delito, esto es, de coautoría”, dijo la fiscal.

A partir de estos hechos y por el material probatorio que se expuso en las audiencias de imputación de cargos en contra de los seis uniformados de la Policía es que la fiscal considera necesaria y urgente la medida de aseguramiento y así se lo hizo saber a la juez, tras insistir en que esa medida debe ser en centro carcelario.

Por el contrario, la defensa de los policías, ahora judicializados, explicó las razones de por qué no es necesaria la medida de aseguramiento. Advirtieron que se trata de miembros de la Policía Nacional que tienen arraigo en la ciudad, de quienes se conocen todos sus datos personales, incluso familiares. Por lo tanto, se esfuma la posibilidad de que intenten evitar la acción de la justicia; todo lo contrario, durante su trayectoria profesional han demostrado respeto por la ley.

Los defensores explicaron en la audiencia cómo estos uniformados fueron condecorados en diferentes oportunidades por su trabajo en la lucha contra la criminalidad y así lo demostraron a través de una serie de documentos que ahora se convierten en la evidencia para pedirle a la juez ignorar la solicitud de la Fiscalía.

Después de escuchar los argumentos que tiene la defensa para controvertir la solicitud de la Fiscalía, que insiste en cobijar con medida de aseguramiento a sus defendidos, la juez de control de garantías deberá estudiar las solicitudes y, si es suficiente, la inferencia razonable que advirtió el ente acusador para que a los uniformados los envíen a una cárcel.