Fiscalía pidió cárcel para Emilio Tapia y otros implicados en el escándalo de Centros Poblados

La fiscal del caso fue contundente al hacer la solicitud de una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del empresario condenado por corrupción en el carrusel de la contratación en Bogotá, Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, vicepresidente de Rave corredora de seguros, los tres capturados por las presuntas irregularidades en el millonario contrato que entregó el MinTIC para la conectividad de 7.000 puntos de Internet en las zonas más apartadas del país.

Dijo la Fiscalía que todos sabían lo que estaban haciendo, que los documentos que entregaron en el proceso de licitación del MinTIC eran falsos. Además, que actuaron de manera articulada y en coparticipación criminal en los delitos de falsedad documento privado y fraude procesal.

Hubo una división de trabajo, explicó la fiscal del caso, con el único objetivo de llevar a un error a funcionarios del Ministerio de las TIC y engañar a los responsables de vigilar la documentación que presentaron para participar en la licitación. Mientras Emilio Tapia contactó a un empresario, para integrar la unión temporal, al mismo tiempo ubicó a un corredor de seguros, Juan José Laverde, quien se encargó de encontrar a los intermediarios: Jorge Molina y Jorge Enrique López, y así obtener las supuestas garantías bancarias.

Estas garantías fueron entregadas a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, para ser cargadas en el sistema de contratación pública Secop 2 y así cumplir, supuestamente, con los requisitos que se exigían en el proceso de licitación, y con ello acceder al millonario anticipo.

Por estas razones, la fiscal anticorrupción le dijo al juez de garantías que los ahora capturados representan un peligro para el proceso y la comunidad, y que deben estar en una cárcel, ya que se pudo probar que su actividad criminal se ejecutó y se extendió a pesar de estallar el escándalo por la falsedad de las garantías bancarias presentadas en el proceso de licitación con el MinTIC.

“Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, dijo la fiscal.

Para la Fiscalía es necesario proteger los bienes jurídicos que fueron afectados por los ahora imputados y que confirman una inferencia razonable en los delitos de falsedad y fraude procesal.

“Estamos hablando que la consecución de las garantías bancarias fueron para los meses de octubre y diciembre de 2020, lo que tiene que ver con el contrato de Emcali, se adelantó este año, 2021. Es claro que antes que saliera todo el escándalo de la caducidad por las garantías falsas, era importante utilizarlos en otros tipos de contrato y no escatimaron en gastos a la hora obtener estos documentos falsos; allí podemos hablar de una posible continuidad de la acción delictiva”, dijo la fiscal.

La Fiscalía también aseguró y expuso en la solicitud de la medida de aseguramiento las condenas que cursan en contra de Emilio Tapia justamente por hechos de corrupción, en el llamado carrusel de contratos de Bogotá y donde incluso fue beneficiado con un principio de oportunidad.

“Sin embargo, vuelve a defraudar al Estado con el resultado que nos encontramos y que sigue llevando a cabo no por manejar esas empresas a través de terceros, sino en lo que tiene que ver con la consecución de esos documentos falsos y defraudar así lo que tiene que ver con el contrato del MinTIC”, dijo la fiscal.

La Fiscalía compartió los documentos y pruebas en contra de los tres capturados y el juez les dio una hora a los defensores para intervenir en la audiencia, lo que generó un reclamo de los abogados tras considerar que ese tiempo no es suficiente para preparar una argumentación acorde con la dimensión del proceso.