Fiscalía prorroga principio de oportunidad a testigo clave en caso del exgobernador Camilo Romero

En 2017, en desarrollo de la estrategia “Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la corrupción”, la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos a los entonces gobernadores de Nariño y Norte de Santander, así como a dos exgobernadoras del Quindío y otro de Norte de Santander. En ese momento fue mencionado Camilo Romero, exgobernador de Nariño.

“En el Tribunal Superior de Bogotá, al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero, se le imputarán cinco delitos: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto”, señaló entonces el ente acusador. El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016.

Andrés Felipe Arango, primo del exgobernador, se convirtió en testigo en su contra y ahora la Fiscalía le prorrogó el principio de oportunidad. El primo da su versión sobre presuntas anomalías en una licitación para vender 80 mil botellas de aguardiente, por 18.000 millones de pesos, y en el cual se habría favorecido al oferente. Romero está siendo investigado por las autoridades desde noviembre de 2017 por supuestas irregularidades en la administración de la comercialización del aguardiente Nariño, por lo que afrontará un juicio ante la Corte Suprema por su posible responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.

De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, en el que se le prorroga el principio de oportunidad a su primo, en el año 2015, Romero, en campaña a la Gobernación de Nariño, se comprometió con Richard Giovanny Portilla Díaz y Pedro Miguel Bastidas a entregarles la adjudicación de la venta de aguardiente Nariño en sus diversas presentaciones, a cambio de apoyo económico para la campaña. El exmandatario ha dicho que es inocente.

Según ese relato, fue el mismo Romero quien encargó a su primo para tal fin. Y ahora es su primo quien lo está delatando y hará las veces de testigo del ente acusador ante la Corte Suprema de Justicia. “También sostendrá ante el Alto Tribunal como testigo de la Fiscalía que la anterior negociación fue ‘a cambio de 1.400 millones de pesos recibidos en campaña –no reportados financieramente– direccionó la venta de licor aguardiente Nariño a la OLN, creada solo para esos efectos”.

Desde agosto de 2021, Camilo Romero es precandidato presidencial. Romero ha venido hablando de las discusiones que se están dando en la Alianza Verde, en las que están decidiendo cómo escoger su candidato y las cuales no han sido sencillas. La mayoría está de acuerdo en que deben ir a medirse con los demás candidatos de la Coalición de la Esperanza, excepto Romero, que pretende que haya candidato propio. “A un año de la salida del mal gobierno Duque y que significa el fin de la era del uribismo, posesionamos con la banda presidencial a colombianos y colombianas de todo el país porque con ellos construiremos el primer gobierno ciudadano en la historia de Colombia”, dijo Romero.

En 2019, Romero denunció en su cuenta de Twitter que el gobierno estadounidense le quitó la visa, perdiéndose en ese momento de la semana climática en Nueva York, evento al que estaba invitado para hablar de la defensa que ha hecho desde su departamento de la sustitución de cultivos y el rechazo al uso del glifosato, esto sin contar con su oposición férrea al fracking.

Romero aseguró en dicho momento que acabar con los cultivos ilícitos sí era posible a través de una “sustitución concertada” y evitar así el glifosato que, argumentó, es el doble de costoso; esto lo llevó a radicar una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Nariño para que se suspendieran las aspersiones del químico y evitar afectaciones en la salud de los nariñenses y a la naturaleza.

El caso de Romero trajo en aquel entonces a colación otro sonado episodio donde la Embajada de Estados Unidos revocó la visa a dos magistrados de la Corte Constitucional (Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo) y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño, aparentemente por haber adoptado posiciones contrarias a los intereses de Estados Unidos, especialmente en la justicia transicional.