Atención: Fiscalía puso a disposición de la Policía 265 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, entregó a la Policía Nacional 265 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con el ente acusador, se trata de miembros de esa banda criminal que operan en regiones como Córdoba, Sucre y La Guajira.

“Con esta actuación se busca resolver y lograr la judicialización de los responsables de varios actos ilícitos ocurridos durante los últimos cinco años, que han afectado la vida, la seguridad, la tranquilidad y la convivencia de los habitantes de Córdoba, Sucre y La Guajira”, indicó la Fiscalía.

Así mismo, la Fiscalía indicó que las órdenes de captura están dirigidas contra José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, y otros jefes o personas que harían parte de las estructuras conocidas como Arístides Mesa Páez, Central Urabá, Nelson Darío Hurtado Simanca y Roberto Vargas Gutiérrez.

“Delitos como homicidio, terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, entre otros, figuran en las 265 órdenes de captura que fueron puestas a disposición de los grupos de policía judicial de la Policía Nacional para que sean materializadas”, agregó la Fiscalía.

Por último, el ente acusador indicó que estas personas estarían implicadas en la ola de acciones criminales que promovió el Clan del Golfo luego de la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel; atentados a la fuerza pública, como el denominado plan pistola; asesinatos selectivos y ataques contra la población civil.

El macabro ‘reality’ que enfrentan los niños que son reclutados por el Clan del Golfo

Cada cuatro días, un niño suelta sus juguetes para agarrar un arma de fuego o drogas en Antioquia, según datos de la Defensoría del Pueblo. Detrás del reclutamiento ilícito en esta región de Colombia, hay macabros retos que impulsan las estructuras delincuenciales para llenar sus filas con los más pequeños, quienes, por ser menores, pueden esquivar con más facilidad los líos judiciales.

SEMANA recogió testimonios en el nordeste y norte del departamento que revelan una serie de concursos, unos más dolorosos que otros, con los que las organizaciones perfilan a los menores y los encajan en el rompecabezas del mundo criminal: vender drogas, cobrar extorsiones, disparar en el monte, custodiar las minas o vigilar los pasos de la fuerza pública en el territorio.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y las disidencias de las Farc están dispuestos a pagar hasta un millón de pesos por los escalofriantes servicios que ofrecen los muchachos en una guerra que no iniciaron, pero que multiplican inocentemente cuando toman la decisión de abandonar los colegios bajo la promesa de salvar a la patria de fantasmas imaginarios.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales de estas subregiones, los delincuentes no encuentran obstáculos en el camino para atrapar a los niños, pues son los que definen el bien y el mal, sobre todo, en los rincones donde no tienen peso las leyes del Estado. En los municipios de Remedios, Segovia, Briceño, Yarumal, Angostura, Ituango, Valdivia y Campamento, la Defensoría ha contabilizado 45 casos de reclutamiento forzado.

No obstante, se sospecha de un subregistro inmenso porque las personas no se atreven a denunciar por temor a represalias o desconocen que son víctimas de un flagelo que es castigado. “La sociedad ni el Estado les dice que esto no se hace porque tiene consecuencias”, relató la defensora del pueblo en Antioquia, Yucelly Rincón Torrado.

Ella reveló que, para los grupos armados, los pasillos de los colegios son el laboratorio más privilegiado a fin de recoger a los aspirantes al crimen. Algunos docentes tienen la orden de limitar la formación a la escritura y la lectura, esquivando los cursos de historia. Quien no cumpla con la orden recibe una sentencia de muerte. Hoy 32 docentes rurales están amenazados en esta región.