Fiscalía reconoce 14 muertes durante el paro nacional y 180 denuncias por presuntos excesos de la fuerza pública

La Fiscalía General de la Nación reportó este jueves que tiene registro de 14 homicidios relacionados directamente con las manifestaciones del paro nacional y activó el mecanismo de búsqueda urgente en 168 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas.

A través de equipos focalizados e interdisciplinarios creados en las diferentes seccionales se recopiló material probatorio que permite evidenciar que 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones: 7 en Cali (Valle del Cauca), 1 en Bogotá, 1 en Soacha, 2 en Madrid (Cundinamarca), 1 en Pereira, 1 en La Virginia (Risaralda) y 1 en Ibagué (Tolima). Estos resultados se dieron después de partir de 34 casos que se han reportado a la Fiscalía, que ocurrieron entre el 28 de abril y el 11 de mayo.

“Frente a los homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades, determinamos que tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha”, indicó el fiscal, Francisco Barbosa.

Por otra parte, frente a los 24 casos restantes, la Fiscalía aclaró que 10 de los casos continúan en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos y los otros 10 –ocurridos en Valle del Cauca, Norte de Santander y Huila, al igual que en las ciudades de Medellín y Bogotá– no guardan relación directa con las protestas.

Asimismo, por distintos delitos, 152 personas fueron imputadas y a 43 de ellas se les impuso medida de aseguramiento. Además, se abrieron 70 noticias criminales por presunto abuso de autoridad. La entidad señaló que por medio de la mesa interinstitucional establecida entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se conoció que, a la fecha, se han logrado ubicar a 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, por distintas fuentes.

Asimismo, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en 168 casos y, por otros 153 hechos la búsqueda no fue admitida por falta de información o inconsistencias en los datos reportados. Sin embargo, según el sistema de información de la Fiscalía SPOA, no existen denuncias formales por el delito de desaparición, en el marco de las protestas.

De igual forma, la Fiscalía tiene 180 denuncias de casos de personas civiles lesionadas, al parecer, por abuso de autoridad. En cuanto a integrantes de la fuerza pública que resultaron heridos en los disturbios, se adelantan 547 investigaciones por 612 lesionados.

Con ocasión de las jornadas se tiene registro de 625 personas capturadas, de las cuales 152 fueron imputadas por delitos como: obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial. Tras las respectivas audiencias, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento contra 43 personas.

En lo referente a los homicidios que se les atribuyen a integrantes de la fuerza pública, por uno de los cuales fue capturado un uniformado y cuyo caso asumiría la jurisdicción penal militar, el fiscal Barbosa fue enfático al afirmar que se respaldó la decisión de la fiscal que había conocido el caso para continuar con la competencia sobre el mismo, con el fin de garantizar la transparencia en la investigación.

“La Fiscalía planteó un conflicto de jurisdicción, porque consideramos que esos casos, cuando se configure claramente esa violación de derechos humanos, en los casos concretos, son competencia de la Fiscalía General de la Nación y no voy a permitir que ningún caso, en donde existan esos análisis y esos requisitos en el marco de la competencia, vayan a la jurisdicción penal militar, sino que estén en la jurisdicción ordinaria”, puntualizó el fiscal.

Respecto a la situación de Cali, Barbosa dijo: “La protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir, y debemos rechazar todos los colombianos sin excepción y sin justificaciones, ni dobleces, es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones, eso daña a una sociedad, eso afecta la constitución institucional de un país”.