Fiscalía y Ministerio de Justicia se enfrentan por combate al narcotráfico

Una discusión acalorada, que inició subida de tono, tiene a dos protagonistas de la política criminal del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, opinando desde orillas diferentes. De una parte están 250.000 pequeños cultivadores de coca, más del doble de la población carcelaria del país, con quienes el Gobierno se comprometió en el marco del acuerdo de paz a hacer ajustes normativos que permitan la renuncia, de manera transitoria, al ejercicio de la acción penal en su contra. Así mismo también están a la expectativa 4.000 mujeres traficantes en las cárceles a quienes se les podría dar un tratamiento penal diferenciado por su situación de pobreza y cargas familiares.

El dilema de ambos grupos, cultivadores y “mulas”, es que están en una línea gris: no son considerados parte de los grupos al margen de la Ley, pero sí dedican su actividad económica a la ilegalidad. A la cárcel, según estadísticas del 2016 del Gobierno, entraron 123 cultivadores; y una de cada tres mujeres que es capturada en Colombia, es por delitos relacionados con drogas.

Alrededor de la descriminalización de cultivadores pareciera haber relativo consenso, sin embargo, la vía jurídica para lograrlo terminó causando un escándalo en el que el Fiscal denunció que el Ministerio de Justicia quería legalizar a narcotraficantes a través de una disposición normativa, que fue vetada por él y frenada por el Presidente.

Semana.com investigó, consultó las actas de las discusiones internas y encontró que esta disposición que es interpretada como un “despropósito” por parte del Fiscal, no solo sería necesaria sino que en el marco del cumplimiento de lo pactado tendría que ser llevada al Congreso. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia, que ahora lidera esta propuesta.

La discusión interna surgió en el Consejo de Política Criminal, encabezado por los representantes de más de una decena de instituciones, en el que tienen asiento el Fiscal, el Procurador, la Policía, el Ministro de Justicia, entre otras entidades. Este consejo votó 10 a 1 (voto en contra de la Fiscalía), la propuesta del comité técnico que los asesora para crear una modificación constitucional a través de Acto Legislativo que permita que los pequeños cultivadores puedan ser beneficiarios de la justicia transicional; hoy la Constitución solo permite beneficios para organizaciones armadas al margen de la Ley o agentes del Estado.

Para ello proponen el siguiente parágrafo al artículo 66 transitorio de la Constitución: “Quienes no pertenezcan a organizaciones criminales o a grupos armados al margen de la ley y sean autores de delitos referidos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto que requieran un tratamiento diferencial no serán perseguidos jurídicamente, si se acogieron a los programas de sustitución de cultivos ilícitos propuestos por el Gobierno Nacional. Una Ley ordinaria regulará esta materia”.

Para el Ministerio de Justicia es claro que cuando se habla de “los delitos referidos en el Acuerdo Final” son solo aquellos que necesitan un tratamiento diferencial como las mujeres y los pequeños cultivadores. “La propuesta deja por fuera a las bandas criminales o las organizaciones criminales, al igual que delitos como la trata de personas, en el acuerdo no están enunciados estos delitos”, explicó el viceministro Carlos Medina.

Para Martínez, en cambio, “el proyecto no es para los pequeños cultivadores, es para delitos de trata de personas, narcotráfico, extorsión, contrabando, lavado de activos, minería criminal, financiación de grupos paramilitares y rebelión. A todos ellos terminaba extendiéndose el particular beneficio. Y lo peor: no solamente favorece delitos anteriores a la vigencia del Acuerdo, sino a los que se cometieran en el futuro, porque no se limitaba en el tiempo su vigencia”, dijo en entrevista con Yamid Amat.

Lo que hay de fondo es un debate de “hondo calado” sobre qué fórmula se usará para aplicar justicia transicional a quienes no son actores del conflicto armado, como los cultivadores y mujeres traficantes. Actualmente, con las herramientas de la justicia ordinaria, la opción legal para no llevar a la cárcel a cultivadores es abrirles procesos judiciales a 250.000 personas y darles principio de oportunidad. “Dado el carácter masivo de la situación puede generar una atrofia en la respuesta político-criminal propuesta”, dice el acta del Comité Técnico de Política Criminal del 22 de septiembre.

Tratamiento a mujeres traficantes

Con base al artículo 6.1.9. del acuerdo de paz, el Ministerio de Justicia radicó el proyecto de Ley 148 del 2016 en el Congreso, el cual establece medidas para mujeres cabeza de familia, que fueron procesadas por delitos relacionados con drogas, tengan el beneficio de detención domiciliaria.

Este aparte del Acuerdo de paz establece que será prioridad para la implementación normativa: “La Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de usos ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos”.

Según el Ministerio de Justicia, esta disposición del acuerdo de paz está enmarcada en que hay más de 4.000 mujeres en las cárceles detenidas por delitos asociados al narcotráfico. “La misma Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han hecho énfasis en la necesidad de una mirada diferenciada para ellas, porque han sido vulneradas, no son las determinantes de delitos y en caso de reincidencia quedan por fuera de cualquier beneficio”, dijo.

Para el Fiscal General, esta propuesta del Ministerio de Justicia no hace parte del acuerdo de paz y “lejos de favorecer a la mujer, estimula su utilización por los carteles y las expone a su revictimización. Lo mismo que pasó con los niños”.

El Fiscal le echa la culpa de estas posturas de política criminal a sectores liberales de la academia que intervienen como contratistas en entidades públicas, sin embargo, revisando la composición de los comités que han diseñado las líneas de política criminal y de lucha de drogas del Ministerio, las diferencias parecen provenir de verdaderas distancias ideológicas en materia de lucha contra el crimen.

En este debate, que ya se volvió público, lo que hay en deuda es una discusión conceptual sobre cuál es la política criminal que quiere Colombia.