Fiscalía y Procuraduría: una jornada de desencuentros por Santrich y el glifosato

Dos de las entidades más poderosas chocaron en los dos temas más importantes que ocupaban este jueves en la agenda nacional. El primer desencuentro tuvo lugar en el complejo judicial de Paloquemao, donde avanzaba la audiencia de medida de aseguramiento del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, el exsenador Luis Alberto Gil y otros tres involucrados en el escándalo por supuestos sobornos.

El viernes pasado, cuando estalló este caso, la Fiscalía relacionó directamente los supuestos sobornos con el proceso de Jesús Santrich en la JEP. Su primera información pública sobre el caso fue un trino que decía así: "capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández (Jesús Santrich)".

En contexto: “No hay ninguna evidencia que permita ligar a Santrich”: Procuraduría sobre caso Bermeo

Durante la legalización de las capturas, la Fiscalía dijo que Bermeo ofreció retrasar la extradición de Santrich durante tres meses, a cambio de 2 millones de dólares. Para eso, el mismo señalado aseguró haberse reunido con magistrados y funcionarios de la JEP.

Pero para el procurador Henry Bustos, esa vinculación del escándalo con el caso Santrich no tiene fundamentos claros. Y lo dijo con énfasis en su intervención de este jueves: “Hay que decir desde ya que en toda esta evidencia no se encuentra nada que permita vincular este tema con el caso de Jesús Santrich”.

El procurador agregó que el nombre del exjefe guerrillero apenas se menciona un par de veces en todo el caso, cuando Bermeo es cuestionado sobre su posible participación en el extravío de una carta que el Ministerio de Justicia envió a Estados Unidos. "La fuente o el agente encubierto –porque no hay claridad de quién habla– pregunta insistentemente si participaron en eso (...) Y sobre eso no hay ninguna respuesta, ninguna. Bermeo responde con alusivas pero nunca dice sí”. La Procuraduría, además, cuestionó la formulación de cargos que hizo la Fiscalía.

En simultánea a esa diligencia, en la Corte Constitucional se daba el debate sobre la reanudación del uso del glifosato. Los 9 magistrados escuchaban distintas posturas a favor y en contra de la aspersión de cultivos ilícitos. Llegaron incluso el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos. Y también estaban citados los órganos de control para aportar sus posiciones a la discusión.

El fiscal general asistió en persona y la suya fue una de las pocas voces, fuera del gobierno, que apoyó la reanudación del uso del glifosato. Dijo que la sustancia es una alternativa eficiente, que garantiza en un 80 por ciento la destrucción de la planta. "No hay evidencia concluyente de afectación de la salud", aseguró, citando informes científicos que no lo consideran nocivo para la salud. También se refirió al estudio de la Organización Mundial de la Salud que lo clasificó como probablemente cancerígeno dentro de la categoría 2A, la misma en la que están otras sustancias como el aceite de cocina y los tintes de cabello.

Puede leer: "La coca es a Colombia como las siete plagas a Egipto": fiscal Martínez

Para Néstor Humberto Martínez, la Corte Constitucional no prohibió el uso del herbicida en las aspersiones aéreas, pero sí fijó seis reglas que el Estado debe cumplir. En este sentido, se unió a la petición del presidente Duque de buscar una modulación de la sentencia.

Por el lado del Ministerio Público, fue el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, el que tomó la vocería. El funcionario dijo que "la mejor forma de combatir los cultivos ilícitos es la sustitución voluntaria de los mismos, acompañada de inversión social”. Además defendió los parámetros que puso la Corte para la reanudación de la aspersión. Los calificó como una garantía constitucional, en vez de un obstáculo en la lucha contra las drogas.

Para Cortés, el glifosato no es ni la única herramienta ni la más eficiente contra los cultivos ilícitos. También dijo que su uso debe estar sometido a una política y a la garantía de los estándares constitucionales.

En ambos desencuentros, tanto la Fiscalía como la Procuraduría asumieron posiciones sobre temas que, a la larga, se definirán en los estrados. Habrá que ver hacia donde se mueve la balanza de los jueces.