Fondo Mundial para la Naturaleza pide revisar prohibición de la pesca deportiva

Al conocer el fallo de la Corte Constitucional sobre la prohibición de la pesca deportiva en Colombia, la comunidad de la pesca deportiva del país ha manifestado su preocupación ante las consecuencias que esta decisión tendrá en materia socioeconómica y ambiental en las diferentes regiones.

La pesca deportiva agrupa a múltiples actores que hacen parte de esta práctica y que aportan desde su actividad a la consolidación de proyectos de desarrollo sostenible en regiones alejadas del país. Es así como comunidades locales, pescadores, operadores turísticos y operadores logísticos se unen para crear las condiciones necesarias para desarrollar esta actividad en uno de los países más biodiversos del mundo. A estas voces se une la de la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), quienes han trabajado durante más de 25 años en Colombia.

Frente a la prohibición basada en la sentencia y los daños que puede causar la pesca deportiva en los ecosistemas, la WWF radicó ante la Corte Constitucional un escrito de Amicus Curiae, una figura legal que es utilizada con frecuencia por la Corte para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, solicitando opiniones a universidades, juristas reconocidos, instituciones de derecho público y particulares.

En el documento radicado por la organización es claro el papel que juega la pesca deportiva en el desarrollo de proyectos productivos amigables con el medio ambiente en zonas que han sido afectadas por el conflicto armado y las graves consecuencias que traería la prohibición de esta actividad, que es una alternativa legal que han encontrado las diferentes comunidades para su sustento.

En el texto “la WWF hace un llamado respetuoso para que la Corte mesure su posición de prohibir tajantemente la pesca y considere una reglamentación dentro de los lineamientos técnicos, científicos y ambientales, teniendo en cuenta la resolución 0549 de 18 de marzo de 2022 de la AUNAP, toda vez que el impacto socioeconómico y ambiental de la prohibición sería catastrófico”.

Además, resalta que viene “trabajando con organizaciones étnicas, sociales y campesinas promoviendo alternativas productivas consistentes con la oferta ambiental de los ecosistemas de la Amazonía, el Pacífico y la Orinoquía. Por eso, se une al llamado de la FAO que considera que la pesca deportiva puede ser un instrumento de desarrollo, podría ayudar a combatir la pobreza al incorporar a las comunidades locales a la actividad”.

Y agrega que, “el turismo que trae la pesca deportiva, artesanal y el ecoturismo constituyen la fuente de sustento para las comunidades locales y en muchas zonas del país, son los pescadores deportivos los proveedores de información del estado de los ecosistemas y los promotores del ecoturismo en las regiones”.

El texto ha sido bien recibido por las comunidades y operadores que viven de la pesca deportiva en el país, porque es un concepto que cuenta con todo el sustento técnico y jurídico para mostrar la difícil situación en la que quedarían las comunidades locales si la decisión de la corte queda en pie. Como lo establece la Ley 2268 de 2022, es necesario promover la defensa del medio ambiente sin afectar el derecho al trabajo, así como la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades.

“Contar con el apoyo de la WWF es muy importantes para nuestras comunidades, hemos recibido capacitación y venimos trabajando para mejorar cada día en el servicio que prestamos y en la vigilancia por el cuidado de los ecosistemas en donde se desarrolla la pesca deportiva, confiamos en que nuestras voces serán escuchadas y podremos seguir desarrollando esta actividad que cuida y respeta el medio ambiente”, sostiene Delio Suárez, Capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, en el departamento del Guainía.

Es así como en el marco de esta discusión, para las comunidades que tienen su sustento en la práctica de la pesca deportiva, es necesario que distintas voces y organizaciones con experiencia en temas ambientales continúen exponiendo las graves afectaciones que conlleva la prohibición de esta actividad para Colombia, no solo en términos ambientales sino también sociales, económicos y del territorio.