Fórmula parapolítica: Char cantando en la JEP y Acosta libre en Honduras

Más de una década tuvo que pasar para que la alianza entre las AUC y dos poderosos políticos de la costa tocara los tribunales judiciales. En la Corte Suprema se sacudieron los expedientes de David Char y de Alonso Acosta, compañeros de fórmula que habrían contado con el respaldo de los hombres de Jorge 40 para reelegirse en el Congreso. 

En el año 2006, estos dos políticos se lanzaron juntos a conquistar las votaciones más altas de la región. Ahora cada quien afronta su proceso por separado: Char admitiendo sus responsabilidades ante la Justicia Especial para la Paz y Acosta esquivando el peso de la justicia refugiado en Honduras, país que acaba de negar la extradición a Colombia.

El expediente de este último avanza en etapa de acusación con medida de aseguramiento en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de los graves cargos que tiene el alto tribunal en su contra para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado, la Suprema Corte en Honduras en pleno decidió negar su envío al país. Acosta salió hace una década, se convirtió en rector de un colegio y consiguió la nacionalidad hondureña. Gracias a ello, la acción de la justicia colombiana no podrá alcanzarlo mientras permanezca en ese país. 

SEMANA conoció el escrito de acusación contra Acosta, en donde los magistrados concluyen que para salir triunfante en las elecciones se alió con el frente José Pablo Díaz del bloque norte de las AUC. También habría montado un aparato burocrático que tenía como propósito pagar favores políticos, además de respaldar la gestión de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso.

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La corte le dio credibilidad a los testimonios de Édgar Ignacio Fierro Florez, alias Don Antonio; y su lugarteniendo Mario Rafael Marenco Egea, alias el Rey. Otros mandos medios como Julio César Maure Díaz, alias Donado, y José Gelvez Albarracín, alias Canoso, fueron clave para soportar el llamado a juicio. Además, los magistrados tuvieron en cuenta varios documentos hallados en el computador de Don Antonio, entre estos, cuentas que evidencian la presunta participación que tuvieron las Autodefensas y los políticos de dineros provenientes del Hospital Materno Infantil de Soledad, de Caprecom y del Matadero de Sabanagrande. 

Según testigos, del matadero (manejado por Acosta y el empresario costeño Julio Polanía) salían mensualmente 20 o 30 millones de pesos para la organización y desde el hospital se encontró un registro que indica que salieron durante el 2014 un total de 24 millones para las finanzas de las AUC.

En el escrito de acusación, la corte documenta las primeras reuniones entre Acosta y miembros de la organización paramilitar; en estas habría servido de intermediario Polanía. La primera habría sido en la oficina del empresario costeño y habría contado con la presencia de alias El Rey. La otra fue una celebración de cumpleaños con Carlos Mario García, alias Gonzalo, la cual se realizó en una discoteca llamada E-Club de propiedad de este paramilitar. Gonzalo fue el jefe político de las Auc del bloque norte que huyó del país tras la desmovilización paramilitar. "En esa fiesta también estuvo David Char, estuvo Alonso Acosta también", indicó Don Antonio ante la corte.

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Los magistrados aseguran que la realización de estos primeros encuentro pueden ser corroborados con un detalle significativo, y es que en ese momento Acosta manifestó su pretensión de quererse reunir con Jorge 40. Así lo acreditan los testigos y también información encontrada en la agenda personal de Don Antonio en donde quedó un mensaje escrito: “Pedir reunión para Alonso Acosta con Don Jorge”.

De estos encuentros se desprendieron varias reuniones políticas en fincas como Manatí (Atlántico) y Tepeyec. También alias El Rey habló de dos reuniones a las que también asiste David Char en el parque de la 93 en Bogotá. 

Una de estas citas en Bogotá habría tenido como objetivo solucionar un problema que había con el manejo de los afiliados a Caprecom, la EPS que manejaba la salud de la población carcelaria y que fue liquidada. Entre las evidencias que tiene la corte está un correo electrónico del 25 noviembre del 2005 remitido por "Francisco de Paula Santander"a Don Antonio. Allí se hace referencia a los pagos adeudados por Acosta: “Me precoupa lo de Acosta, no quiso responder con lo de Caprecom después de que él se comprometió conmigo personalmente y me dijo que él es un hombre de palabra (...). Lo cierto es que el debe 15.000 afiliados a 7 mil pesos cada uno, es una suma importante".

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Otras evidencias recaudadas por la corte dan cuenta de una presunta estrategia de beneficios burocráticos mutuos: las AUC daban participación a Acosta en su bien montado aparato burocrático en el Hospital Materno Infantil de Soledad, y Acosta les aseguraba su participación en las ganancias del matadero municipal de Sabanagrande, controlado por su socio Julio Polanía.

Lo que ocurrió en el hospital lo explicó Don Antonio a la corte entregando como soporte un listado de una decena de empleados que fueron cuota de políticos. Entre ellos, estaba el nombre de una odontóloga hija del alcalde de Santo Tomas (Atlántico), quien fue ubicada en el hospital para desarrollar su año rural por petición de Acosta: "este nombramiento le puso 2.000 votos a Acosta", dice el exparamilitar. El negocio al parecer consistía en que por un lado influenciaban a los empleados para que votaran por los políticos amigos del frente paramilitar (entre ellos Acosta) y por el otro ubicaban a los familiares de políticos en puestos dentro de esa ESE. 

Para la corte, las evidencias merecen credibilidad ya que demuestran "coherencia interna y externa". "Los hechos narrados están contextualizados en idénticos escenarios y con los mismos personajes, y hallan ratificación y corroboración directa en los distintos medios recaudados durante la investigación".

Los magistrados le dan credibilidad a varios mandos medios que corroboran las afirmaciones de los jefes paramilitares. Uno de ellos, es José Gelves Albarracín, alias El Canoso, quien aseguró que se reunió con Acosta y otros políticos para lograr aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Dichas citas habrían tenido lugar en restaurantes de Bogotá como la Pesquera Jaramillo, Crepes and Waffles y Hotel Raddison en Bogotá.

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“Generalmente, los acuerdos criminales se realizan con el mayor sigilo y reserva por parte de los concertados. Sus términos suelen quedar en la memoria de los participantes, nunca por escrito ni grabados", señala la corte. Al examinar en contexto las evidencias, los magistrados consideran que hay indicios suficientes para creer que el excongresista pactó una alianza ilícita con las AUC prevalido de su posición social y política que tenía en el departamento del Altántico. De hecho, para el momento en que se desarrollaron estos supuestos pactos era representante a la Cámara. 

Aunque muchos de los mencionados por los paramilitares fueron sentenciados y pagaron sentencia, el caso de Acosta no va por buen camino. Si la corte lo llega a declarar culpable, su extradición a Colombia depende de un tribunal en Honduras que ya se pronunció y negó su envío. Entre tanto, su fórmula David Char pidió perdón en la jurisdicción de paz por recibir apoyo de los paramilitares y está dispuesto a entregar los detalles de su alianza.