Procuraduría formula cargos contra Gobernador de Santa Marta por presuntas irregularidades en construcción del Coliseo Gaira

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira.

Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador del Magdalena, fue alcalde para el periodo 2012–2015 y Rafael Alejandro Martínez fungió entre el 2016 y el 2019.

La Procuraduría también investiga a Álvaro García Parra, representante legal de la Interventoría AGP, y al supervisor del contrato Sánder Alfonso Rodríguez Peña, quien se desempeñaba como gerente de Infraestructura de la ciudad entre el 2016 y el 2018.

La Procuraduría los investiga porque, al parecer, las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos.

La Procuraduría también encontró que el proyecto no contaba con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $ 2.682 millones a un valor final de $ 4.022 millones.

Según el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la planeación no fue coherente ni consecuente con el alcance real del proyecto y de la obra a ejecutar que consistía en demolición total y obra nueva.

En consecuencia, el Ministerio Público encontró que “el plazo resultó inviable, aspecto que determinó la necesidad de solicitar con posterioridad ampliaciones y adiciones, infringiendo las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”.

El Ministerio Público también investiga aparentes irregularidades en la firma del otrosí número 3, suscrito para la cimentación de la gradería y efectuar ajustes estructurales, ya que esos trabajos al parecer ya habían sido ejecutados. Igualmente, se habrían realizado pagos parciales de obras aún no iniciadas.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Carlos Caicedo Omar y Sánder Alfonso Rodríguez Peña como falta gravísima cometida con culpa gravísima, y para el exalcalde Rafael Martínez como falta grave a título de culpa grave.

A Álvaro García Parra, particular que ejerció la función de interventor, se le formularon cargos por una aparente falta gravísima a título de culpa.

La Fiscalía también investiga al Gobernador Carlos Caicedo

Por las presuntas irregularidades en la construcción del coliseo Gaira, la Fiscalía también investiga al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, quien ha logrado en más de una ocasión esquivar la detención domiciliaria. solicitada por la Fiscalía General en su contra.

La Fiscalía General le imputó a Caicedo Omar los los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. En su exposición aseguró que siendo alcalde de Santa Marta firmó, el 28 de octubre de 2015, el contrato para la adecuación del Coliseo Gaira por un valor de 2.682 millones de pesos. Sin embargo, durante la celebración de la misma se habría registrado un peculado por apropiación de 690 millones de pesos.

Después de siete años, el Coliseo —advirtió el fiscal— no se ha entregado en condiciones adecuadas, por lo que estaría deteriorado e inutilizado por la comunidad.

La Fiscalía también investiga a Carlos Caicedo por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público agravada por los hechos irregularidades que se habrían presentado con la firma del contrato del primero de abril de 2015 para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en la ciudad de Santa Marta.

El ente investigador sostiene que en este caso se habría presentado un peculado de 979 millones de pesos por los sobrecostos de la realización de la obra, la cual tenía un valor inicial de 6.954 millones de pesos. La documentación recolectada arrojó que el contrato no ha sido liquidado pese a todas las demoras y, solamente en diciembre de 2022, se reanudaron, lo que indica que por años se presentó documentación que no correspondía a la verdad.