Formulan cargos contra gobernador de Chocó, por presunta irregularidad en contrato para ayuda humanitaria de víctimas del conflicto

A pocos días de terminar el periodo de los gobernadores del país, el de Chocó, Ariel Palacios Calderón, tendrá que atender asuntos relacionados con el pliego de cargos que dictaminó la Procuraduría General, por presuntas irregularidades en la contratación de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado.

Según el Ministerio Público, se habrían presentado sobrecostos y un posible detrimento patrimonial en la actuación del mandatario departamental, al momento de adquirir los kits de ayudas.

Lo establecido hasta ahora por la Procuraduría da cuenta de que la compra, que se hizo por contrato directo, se habría hecho con pagos superiores a los que el mercado del lugar establecía.

Los recursos involucrados son cuantiosos en medio de grandes necesidades en ese departamento. Se habrían pagado más de 84 millones de pesos, “dineros de los que se privó este departamento de invertir en una de las múltiples necesidades que tiene”, señaló la entidad.

Las revisiones que hizo la Procuraduría, previo a formular cargos contra el mandatario departamental, apuntan a que, en el ente territorial, “se optó por contratar a una empresa que no vendía los productos requeridos, pese a que en el Chocó se encontraban proveedores dedicados a la venta de estos y que, además, los ubicaban en los sitios a entregar”.

Pudo ser más ahorrativo

El gobernador del Chocó, de acuerdo con lo que hasta ahora ha logrado establecer la Procuraduría, “tuvo la posibilidad de minimizar los costos o que, por lo menos, estuvieran ajustados a los valores reales de los bienes, con los que incluso podría haber abarcado un mayor número de beneficiarios pero, prefirió adjudicar sin justificación alguna el contrato a la cuestionada empresa”, señala el organismo.

Como ordenador del gasto, el mandatario debió “cuestionar la experiencia del contratista, y el hecho de que en el negocio bilateral no se determinaron los municipios en los que se entregarían las ayudas”, agrega el documento.

Ante lo sucedido, la Procuraduría calificó -de manera provisional- la conducta del gobernador como “falta gravísima a título de culpa gravísima”.

Otras investigaciones

Hay que señalar que el gobernador del Chocó ha sido mencionado en varias circunstancias durante este año. Por ejemplo, enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la celebración de un contrato por 220 millones de pesos, para la compra de elementos de bioseguridad para apaciguar la crisis generada por el covid-19.

Por tales hechos, el 22 de marzo de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior lo cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria y, además, ordenó la suspensión de su cargo, con el fin de proteger los recursos del departamento, uno de los más pobres del país y donde reina la desigualdad.

En junio se rumoró que Palacios podría llegar de nuevo a la gobernación, pero se impuso Nubia Córdoba Curí, quien también viene de familia política, en este caso, del llamado cordobismo liberal chocoano.