"La plata de las fotomultas sin duda tiene que ser devuelta"

La Corte Constitucional puso en cintura a los operadores de fotomultas que cobraban la infracción al propietario del vehículo, aunque este no estuviera conduciendo. El alto tribunal le dio la razón a Héctor Mantilla, demandante y exalcalde de Floridablanca (Santander), y tumbó el artículo de la Ley 1843 de 2017 que lo permitía.

"El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa”, se lee en el articulado. SEMANA habló con Mantilla sobre la demanda y las consecuencias que traerá para los operadores y los ciudadanos.

SEMANA: La Corte Constitucional le dio la razón, los dueños de los vehículos no van a tener que responder solidariamente si no cometieron la infracción, ¿pueden reclamar solo quienes recibieron fotomultas a partir de julio de 2017, cuando fue sancionada la ley?

Héctor Mantilla: Eso debo revisarlo en la sentencia, para ver el alcance, porque de inmediato tendríamos que pedirle una aclaración a la corte ya que se abre una puerta grandísima. Antes del 2017 no teníamos reglamentación, entonces como abogado presumo que aplicaría desde antes del 2017, la corte fija un precedente: los infractores tienen que ser identificados, la fotomulta tiene que ponerse en la cédula de quien vaya manejando, y antes del 2017 muchas de ellas las hacían bajo el principio de solidaridad porque no existía norma que les dijera que no.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con las fotomultas que ya pusieron?

H. M.: Se abre una puerta gigante para que de inmediato reclamen todos los que fueron víctimas de esos comparendos donde no se identificó el conductor, vienen las sanciones. Se abre la oportunidad jurídica para que los que no han pagado la fotomulta la revoquen amparándose en esta sentencia de la Corte Constitucional y quienes ya las pagaron tendrán que arrancar las acciones judiciales contra las direcciones de tránsito que les cobraron, porque la plata sin duda tiene que ser devuelta, porque se impusieron comparendos por fuera de la normatividad.

SEMANA: ¿Quiénes deben devolver el dinero, las direcciones de tránsito o los operadores?

H. M.: Eso depende de como este pactado el porcentaje, lo que haya cobrado la dirección de tránsito, y el operador. En el caso de Floridablanca le tocaría el 77 por ciento al privado y el 13 por ciento al municipio. La Corte Constitucional al declarar inconstitucional deja sin piso de inmediato todos los comparendos que se hayan hecho amparándose en este artículo de esta legislación que fue declarada inexequible. Los ciudadanos tienen que hacer las peticiones, porque si no lo hacen, quedarán en firme las fotomultas y no podrán recuperar su dinero. La Corte Constitucional es la corte de cierre, la máxima expresión de control de constitucionalidad en nuestro país.

SEMANA: ¿Cómo inició esta batalla jurídica?

H. M.: En el 2016, cuando llegue a la Alcaldía de Floridablanca, la ciudad tenía la concesión más leonina de las fotomultas en el país: tan solo el 13 por ciento era para lo público y el 77 por ciento para lo privado. Un carro con unas cámaras iba dando vueltas por toda la ciudad y sin importar quién iba manejando se ponía el comparendo a la placa del vehículo, luego el propietario del vehículo recibía los embargos y las notificaciones de las fotomultas, sea que estuviera conduciendo o no, sin la presencia de ningún agente de tránsito. Localmente, en el 2016, yo logré derribar esa concesión amparándome en la Constitución y buscando cumplir la normatividad existente. En medio de ese proceso, el Congreso hacia el 2017 expide una reglamentación de las fotomultas a nivel nacional.

SEMANA: ¿Por qué decidió demandar esa ley?

H. M.: El Congreso violó la Constitución y le dio la razón a los operadores de las fotomultas para que se enriquecieran a costillas de los ciudadanos. Con esa legislación, como alcalde de Floridablanca, ciudadano en ejercicio y abogado demandé por inconstitucionalidad los artículos que hacían referencia a que los propietarios de los vehículos fueran responsables solidariamente de los conductores que de manera abusiva cometieron una infracción sin ellos saberlo. La corte nos haya la razón, porque entre otras cosas, dentro de la demanda alegué que se estaba vulnerando el debido proceso, el derecho propio a la defensa de los ciudadanos que son dueños de esos carros y que como muchos los prestaron a cualquier persona, y terminaban pagando las consecuencias. Debe pagar las infracciones quien las comete, no el dueño del carro.

SEMANA: ¿Fue entonces un ‘mico‘ en la ley?

H. M.: En su momento, cuando instauré la demanda, siempre anuncié que eso era un ‘gran mico‘ de los congresistas, quienes presuntamente fueron permeados por los dueños de esas grandes concesiones de las fotomultas, quienes eran los interesados de que se pusiera la infracción sin importar que se identificara al conductor, como si fuera efectivamente un negocio para los privados, lo que les importaba era cobrar. Una cámara no va a identificar la cédula del ciudadano que va manejando, porque no son de reconocimiento facial, la forma más fácil para ellos era aplicarle la fotomulta o el comparendo al dueño del carro, porque la placa de inmediato reporta al propietario, quien termina pagando sin haber cometido la infracción en la gran mayoría de los casos.

SEMANA: ¿Con ese modelo cuánto ganaban los operadores de fotomultas?

H. M.: No tuve que hacer el análisis nacional. Se puede ver con el caso de Floridablanca, donde el 77 por ciento de un comparendo se lo llevaba el privado, logré sacar una relación: 300 millones mensuales facturaban durante la operación de las fotomultas, hasta que las derribamos. Ponían cerca de 85.000 comparendos al año. A la escala nacional estamos hablando de miles de millones de pesos.

SEMANA: La Procuraduría los apoyó, ¿quiénes se opusieron?

H. M.: En Floridablanca fuimos pioneros en sacarla adelante y cuando pusimos la demanda ante la corte muchos decían que no iba a prosperar, sino todo lo contrario, decían que la ley había quedado bien hecha. Los congresistas hicieron una defensa férrea de la ley. Esta fue una pelea que empecé solo, y en medio del trámite de la demanda logramos tener el apoyo de la Procuraduría, que hizo un análisis y producto de nuestra demanda y terminó dándome la razón y exhortando a la corte en que fallara en la línea en la que lo hizo.

SEMANA: La corte también exhortó al Congreso para que regule de manera adecuada, ¿cómo debería quedar la ley en el Congreso?

H. M.: Esto pasó en el Congreso por dejarse permear por los intereses de los operadores privados de las fotomultas que tienen un negociado en torno a esta guachafita de las fotomultas que persigue al ciudadano bajo el escudo de la prevención y seguridad en movilidad. Para prevenir no hay que perseguir, para reducir la accidentalidad no hay que meterle el bolsillo al ciudadano como lo venían haciendo. Lo corte lo que le dice al Congreso es que haga su trabajo bien, no por salir del paso.