Fracking, sí condicionado

En medio de una ardua polémica, la comisión de expertos dio el guiño para las pruebas piloto de esa técnica de extracción de hidrocarburos. Sin embargo, el panorama aún no es claro.  

La comisión de expertos convocada por el Gobierno le dio el banderazo a la implementación del fracking en Colombia, y sus recomendaciones dejaron más cerca la posibilidad de desarrollar esta técnica en el país.

El Ministerio de Minas recibió el aval para avanzar con proyectos piloto de investigación (PPI) para fracking. Sin embargo, fue un sí condicionado. El grupo de 13 expertos reconoció que el país aún no está preparado para implementar esta técnica, ante la falta de líneas base en cuanto a aguas subterráneas, riesgos de sismicidad, contaminación natural y de ecosistemas terrestres, salud pública, acceso a la información y licencia social.

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Juan Pablo Ruiz, integrante de la comisión, aclaró que, antes de adelantar los proyectos piloto, será necesario cumplir ciertos requisitos. “Se requiere saber dónde sí o no se puede implementar, porque no en todos los lugares se podrá adelantar este tipo de prácticas”, dijo.

El ambientalista aseveró que es necesario efectuar estos pilotos, pues solo así podrá mejorar el nivel de información sobre diferentes temas asociados a esta actividad. Por tanto, el Estado debe tomar acciones en líneas específicas como transparencia e información, desarrollo de capacidades institucionales, nivel de riesgo, efectiva participación ciudadana y aprobación de comunidades locales.

En ese orden de ideas, la comisión recomendó antes de la exploración y durante esta divulgar toda la información disponible e identificar sus vacíos frente a temas como ecosistemas, hidrogeología, sismicidad; identificar y divulgar la tecnología de mínimo impacto para utilizar; acordar manejo de riesgos para la salud con pobladores cercanos al lugar del proyecto; y construir una línea base social entre otras medidas que garanticen que la naturaleza y las comunidades no se vean afectadas.

Más allá del cumplimiento de las recomendaciones de los expertos, que no son vinculantes para el Estado, lo cierto es que el fracking aún tiene muchas barreras por derribar en el país. A nivel jurídico, por ejemplo, el Gobierno nacional debe esperar el fallo definitivo del Consejo de Estado que suspendió temporalmente el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. Estas establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, al considerar que Colombia no estaba preparada para esa técnica.

Según María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, el Gobierno respetará la sentencia. “Ya presentamos un recurso de súplica y estamos esperando la respuesta del Consejo de Estado. Creo que estas recomendaciones serán un insumo que podrá ser útil para la discusión”, afirmó.

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La ministra también aseguró que, con el informe más detallado que recibirá de la comisión, esta semana el Gobierno entrará a analizar con detenimiento las implicaciones y, de esta forma, decidirá si sigue adelante en su intención de implementar esta tecnología. Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, anunció que analizará todo el componente normativo.

Pero no es el único frente abierto. A nivel legislativo, el Gobierno también tiene una dura batalla. Actualmente, en la Comisión Quinta del Senado hacen trámite tres proyectos de ley: dos buscan prohibir en el país los hidrocarburos no convencionales, y el restante plantea una moratoria al desarrollo del fracturamiento hidráulico, mientras se realizan los estudios necesarios para determinar sus reales impactos sociales y ambientales.  

Estas iniciativas, impulsadas por los partidos Conservador, Alianza Verde y De la U, respectivamente, conforman un escollo para el avance de los procesos. Esto debido a la gran cantidad de reformas en trámite, el poco margen de maniobra que tiene el Gobierno en el Congreso y a la fragmentación que existe en el Legislativo.

Por su parte, el sector petrolero también ejerce una gran presión sobre el Gobierno para impulsar esta tecnología. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), recibió positivamente las conclusiones a las que llegó la comisión de expertos, al calificarlas como “importantes y responsables con el futuro del país”. Aseguró, además, que las empresas petroleras están listas para avanzar en la fase de exploración, por lo que esperan que el Gobierno tome su decisión en el transcurso de este año. En su concepto, no es conveniente perder más tiempo, debido a que “la ventana de oportunidad se va cerrando y muchos países están tomando la delantera. Además, el país necesita los recursos”, expresó.

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Se calcula que las reservas petroleras nacionales se acercan a los 1.600 millones de barriles de petróleo, lo que se traduciría en una autosuficiencia de un poco más de 6 años. Ante este panorama, Colombia tendría que empezar a importar gas y petróleo, razón por la cual el fracking se presenta como una opción atractiva. Según estimaciones, esta técnica de extracción permitiría obtener entre 2.400 y 7.400 millones de barriles adicionales.

Avanzar con el fracking es, además, una apuesta económica para el Gobierno. De hecho, aumentaría las reservas, clave para incrementar la valoración de Ecopetrol en el proceso de venta anunciado por el ministro de Hacienda hace algunas semanas. La Nación sacaría al mercado el 8,5 por ciento de la empresa.

El Gobierno, además, deberá mediar con los ambientalistas y académicos, a quienes las recomendaciones hechas por la comisión de expertos les dejaron un gran sinsabor. Para Catalina Toro Pérez, coordinadora del Grupo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la decisión de los expertos es contradictoria.

“Lo más grave de todo es que, pese a que aún ellos señalan que se deben cumplir requerimientos, que hay riesgos ambientales y sociales de todo tipo, incluida la salud, se atreven, al mismo tiempo, a validar las exploraciones que se están haciendo, sin haber tenido en cuenta ninguna de sus propias recomendaciones. Esto es paradójico”, afirmó.

La docente propuso crear una nueva comisión integrada por representantes de las universidades públicas del país para debatir las recomendaciones de la comisión de expertos, y acompañar a las comunidades de las nueve regiones en donde se han identificado yacimientos potenciales (valle medio, superior e inferior del Magdalena, Ranchería –Cesar–, La Guajira, Llanos Orientales, Catatumbo, Caguán –Putumayo– y cordillera Oriental).

Entre tanto, para la Alianza Colombia Libre de Fracking, hay que prohibir esta técnica en todo el territorio nacional. “Nueve de las trece personas que integraban esa comisión son ‘profracking’. Basta analizar sus vínculos con el sector petrolero para percatarse. El Gobierno dijo que iba a crear una comisión independiente, pero ¿sus integrantes realmente lo son?”, señaló Carlos Andrés Santiago, vocero de la alianza. Además cuestionó el poco tiempo que tomó el informe (tres meses) y la baja participación de las comunidades durante este proceso.

Así las cosas, todavía nada está dicho. La discusión seguirá hasta que las normas queden claras y haya una verdadera licencia social. Frente a este contexto, la ministra Suárez tendrá entre sus mayores retos tratar de convencer al presidente Duque –quien había dicho en campaña no al fracking– sobre las bondades de esta técnica.