Frágil coalición del gobierno de Iván Duque

El viernes pasado Iván Duque cumplió un mes al frente de la presidencia. En términos políticos, la gran pregunta sobre el inicio de su mandato ha sido la gobernabilidad. Con una popularidad que ronda el 40 por ciento, una agenda cargada de temas complejos y la promesa de no entregarles puestos a los congresistas –acabar la ‘mermelada’–, el gobierno ha enfrentado el principal dilema de cómo manejar una relación fluida con el Legislativo. A eso se suma el reto de estrenar un Estatuto de la Oposición que impone nuevas dinámicas políticas, al obligar a los parlamentarios a declararse gobiernistas, independientes o de oposición.

En esta última las cosas están claras. Desde el triunfo de Duque, los verdes, los decentes, la Farc, el Polo, la ASI y el Mais –que suman 20 curules en Senado y 24 en Cámara– se ubicaron en la orilla crítica. Además de razones ideológicas, eso les permite espacios en medios de comunicación y puestos claves en mesas directivas del Congreso.

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Por el lado del Centro Democrático surgieron tensiones por ciertos nombramientos que algunos uribistas consideran demasiado ‘santistas’, y por la elección del contralor que dejó heridas entre varios que esperaban que el gobierno apoyara a José Félix Lafaurie. Sin embargo, todo el mundo asume que la bancada va a ser incondicional con el mandatario de su colectividad. Lo mismo se espera del Partido Conservador, que apoyó a Duque desde el comienzo de la campaña y en la historia reciente nunca ha estado en la oposición.

El equipo político de Palacio trabajó hasta última hora por conquistar los votos de La U, Cambio Radical y el Partido Liberal. No fue fácil dada la existencia de nuevas reglas de juego y el compromiso de no entregar dádivas burocráticas a los congresistas en el nivel nacional.

El equipo político, en el que están la ministra del Interior, el consejero para asuntos públicos –Jaime Amín– y el secretario general –Jorge Mario Eastman–, tuvo también que decidir cómo manejar las relaciones con tres partidos de los que se decía que iban a declarar su independencia: Cambio Radical, La U y el Liberal.

Con Cambio Radical el gobierno tuvo poco que hacer. A pesar de que la ministra se sentó con su ex jefe político Germán Vargas para tratar de convencerlo, no lo logró. El exvicepresidente dijo en forma contundente que el partido viene trabajando desde su campaña en propuestas propias alrededor de la reforma tributaria, un paquete de leyes contra la corrupción y la reforma a la justicia. Y aunque algunos representantes a la Cámara presionaban por acercarse al gobierno, Vargas se impuso. Acompañó su declaración de independencia, decidida con la bancada el martes, con la negativa a aceptar una embajada que le habría ofrecido Duque. Ni un parlamentario se atrevió a llevarle la contraria en una votación interna del partido.

Al gobierno le quedaba como opción para construir una mayoría relativamente sólida sumar a los liberales y a La U. Originalmente, se pensó que negociar con las toldas rojas le iba a resultar fácil, puesto que el expresidente César Gaviria había apoyado la candidatura de Duque en segunda vuelta. Sin embargo, un malestar generalizado y posiciones conservadoras del gobierno los llevaron a decidirse por la independencia.

Varios congresistas, entre ellos Carlos Alejandro Chacón, presidente de la Cámara, se la jugaron a fondo por integrarse a la coalición de gobierno. Él se encargó de negociar en nombre de los representantes y recopiló la información de qué cuotas burocráticas les había dado la administración Santos a algunos de ellos para llevársela a Amín y Gutiérrez. Todo indica que el gobierno habría aceptado mantener esas cuotas a cambio de sumar los votos rojos a su bancada. Sin embargo, esa negociación no prosperó.

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Los liberales escogieron la independencia, además, por la presión de los senadores. Un equipo de siete –de los críticos de Gaviria– insistieron en que el partido habría pagado un costo muy alto ante la opinión por defender banderas opuestas a su ideología. De aceptar la opción gobiernista habrían tenido que apoyar la reforma tributaria, la fumigación de los cultivos ilícitos y la prohibición de la dosis personal, entre otras iniciativas contrarias a la identidad partidista, y a los que Gaviria se ha opuesto en los últimos años.

El Ejecutivo usó para concretar a La U la misma estrategia: mantener la promesa de no quitarles cuotas regionales. Sin embargo, a diferencia del partido rojo, en el que muchos representantes nuevos no tenían “cuotas que mantener”, en La U predominan los representantes repitentes a los cuales era posible seducir con la promesa de no quitarles mermelada. Mientras que entre los liberales 17 de 35 son repitentes, en La U son 13 de 25.

Por La U mediaron los senadores Johny Besaile –hermano de Musa–, Andrés García Zuccardi, José Alfredo Gnecco, Miguel Amín y José David Name, uribista de tiempo atrás. Y el partido dio la voltereta de un día para otro. El martes en la noche, la bancada se había reunido con la ministra del Interior para anunciar que la colectividad escogería la independencia. Pero al día siguiente el consejero político de Palacio, Jaime Amín, convocó a 16 representantes en un salón cerca a la Casa de Nariño. En esa reunión habrían tramitado expectativas burocráticas, departamento por departamento, que terminaron por voltear la decisión del partido. En la tarde del miércoles, 25 congresistas votaron a favor de ser gobiernistas y 16, por la independencia.

Eso generó un cisma profundo. Senadores reconocidos por su apoyo al proceso de paz, como Armando Benedetti y Roy Barreras, fueron trinando el minuto a minuto de la voltereta de su partido. Anotaron, además, que los representantes del gobierno nunca discutieron con La U un tema programático. El mismo miércoles, el presidente Duque llamó a Aurelio Iragorri para darle las gracias por una decisión de partido –que Iragorri aceptó de manera incómoda–, pero nunca le habló de temas como el apoyo al proceso de paz, que en teoría era bandera de esa colectividad.

El Partido Liberal encabezado por César Gaviria y Cambio Radical, de Germán Vargas, optaron por la independencia. Aurelio Iragorri no no ganó esa batalla en La U, en donde muchos representantes optaron por la opción gobiernista.

El cisma de La U produjo una reorganización de las dinámicas partidistas. Se rompió la alianza que esta colectividad había conformado con Cambio Radical para elegir las mesas directivas del Congreso y consolidar una mayoría independiente, por un lado. Pero se comenzó a hablar de una gran reunificación liberal, ante la posibilidad de articular la bancada liberal y Cambio Radical en una sola. Pusieron el tema sobre el tapete Barreras y Benedetti, quienes aseguran que estudiarán cómo reubicarse políticamente sin poner en riesgo su curul. Eso no será fácil, pues aparte de la objeción de conciencia no existe otra figura legal que permita a los congresistas alejarse de las decisiones de sus bancadas.

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El gobierno se anotó el gol de haber sumado a última hora a La U. Sin embargo, eso tampoco le dio razones suficientes para celebrar. En el Senado, sumando a Jonathan Tamayo, que a pesar de estar en la Lista de la Decencia es cercano al uribismo, el Ejecutivo se quedaría formalmente con 54 de 108 senadores. Pero esa cifra no es realista, pues al menos 5 de La U no estarían en esa suma. Y en la Cámara, al igual que en el Senado, al Ejecutivo le quedó faltando un centavo para el peso para asegurar, al menos en el papel, una eventual mayoría: 86 de 172 representantes estarían en la coalición.

Finalmente, en medio de las carreras para conquistar parlamentarios, esta vez el Ejecutivo rompió la tradición de ponerle nombre a la coalición de gobierno, como han hecho los gobiernos anteriores. De la Bancada de la Seguridad Democrática de Uribe se pasó a la Coalición de la Unidad Nacional de Santos y a la de la Paz en su segundo periodo. Hoy la unión oficialista del Centro Democrático, La U, los conservadores, el Mira y Colombia Justa Libres carece de una denominación. Para que la tenga, deberá aparecer una bandera clara del gobierno, y de ello dependerá también que el Ejecutivo pueda mejorar sus condiciones de gobernabilidad.