Nuevo fiscal: duquista pero no uribista

En medio de tensión y críticas por su bloqueo interno, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tomó la palabra en una de sus últimas sesiones de diciembre para bajar los ánimos de la Sala Plena. Dijo que Francisco Barbosa saldría electo fiscal general cuando fuera el momento, y tenía razón. Los magistrados y el ternado, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, sabían que la elección venía en camino y que solo faltaba apaciguar los intereses de los 16 magistrados que terminaron por darle su voto.

La Fiscalía de Barbosa estaba cantada. En las rondas de votación siempre punteó sobre sus competidores, Clara María González y Camilo Gómez, y poco a poco fue sumando votos. Por eso Barbosa siempre habló con propiedad durante la campaña del reto que representaba asumir las riendas de una entidad con 25.000 funcionarios.

Le dieron automáticamente 12 votos su hoja de vida y ser de los candidatos el más cercano al presidente Iván Duque, pues estudió con él en la universidad. Aun así la corte requirió cinco rondas esta semana y la bendición de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria para que hubiera humo blanco. Hasta último momento, un voto en blanco se atravesó a la elección pero en medio de discursos de ética alcanzaron la unanimidad.

De la terna es el menos litigante, no tan uribista y el más enterado de la Justicia Especial de Paz. El hecho de que no sea un abogado litigante le dará soltura para moverse sin impedimentos frente a los grandes pleitos del país. Después de la amarga experiencia con Néstor Humberto Martínez por sus incompatibilidades derivadas de su largo y exitoso ejercicio profesional, este se convirtió en un punto de honor para la corte. Cabe recordar que en uno de los casos judiciales más importantes, como lo es el de Odebrecht, tuvieron que nombrar un fiscal ad hoc.

Al final, por solicitud de Martínez, estuvieron a pocas horas de apartarlo por completo de las casi 20 líneas investigativas del caso de corrupción más importante del país.

Todo eso llevó a que hoy incluso el nuevo fiscal electo afirme que el caso Odebrecht tiene temas pendientes y cayó en una especie de parálisis. Barbosa anunció que designará a dos delegados ante la corte para que aceleren estas investigaciones y que buscará la ayuda de la Justicia de Brasil para que Colombia reciba la información completa sobre las operaciones de la firma brasileña. En su despacho le espera un nuevo intento de negociación que adelantan los ejecutivos Éder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Hamilton Hideaki Sendai, por los contratos falsos mediante los cuales salió la plata de las coimas para políticos y funcionarios. 

El siguiente factor determinante es que a Barbosa lo consideran duquista pero no uribista. Para los magistrados, especialmente para la Sala Penal, esta diferencia resulta una garantía teniendo en cuenta que debían elegir entre tres candidatos de la entraña de Duque. Se decantaron por el más independiente del partido de Gobierno y del líder de esa colectividad.

No hay que olvidar que la Sala Penal asumió el caso por manipulación de testigos que tiene al expresidente Uribe rindiendo indagatoria. Y ahora que Barbosa comenzó su empalme, el búnker lo recibirá con la audiencia de imputación de cargos al abogado del expresidente, Diego Cadena, el 18 de febrero. ¿La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento intramural al polémico jurista? La opinión pública sabrá la respuesta el día de la audiencia y a partir de esta empezará a calibrar la independencia de Barbosa.

Francisco Barbosa es el fiscal general más joven que ha tenido el país. No tiene experiencia en el derecho penal sino en el derecho público y los derechos humanos. Eso le da más independencia y de ahí que será clave su fórmula para vicefiscal.

El tercer elemento de análisis en la elección del nuevo fiscal tiene que ver con su relación de amor y odio con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP.) Este aspecto le hizo ruido en su campaña y promete seguir generándole cargas a futuro. Barbosa trabajó muy cerca del equipo negociador que estructuró en La Habana la justicia especial de paz y hasta lanzó su candidatura para ser magistrado de esta jurisdicción, lo que no logró.

Fue uno de los partidarios del Sí, pero antes del triunfo electoral de Duque dio lo que sus críticos llamaron un bandazo al manifestar públicamente sus desavenencias con la puesta en marcha de la JEP. Una vez entró al Gobierno de Duque, Barbosa se sentó en la silla de alto comisionado para los derechos humanos. En esa posición le achacan la vocería en las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, las cuales después de causar una polémica nacional terminaron hundidas en el Congreso.

En sus entrevistas públicas y privadas con la Corte Suprema, Barbosa reconoció sus desacuerdos con la JEP pero prometió “relaciones institucionales buenas” y juró que apoyará al tribunal de paz. Ahora como fiscal tiene dos grandes responsabilidades: promover las investigaciones a terceros civiles que no manifestaron su interés de ir a la JEP e investigar los hechos del conflicto hasta el último momento, es decir, tres meses antes de que la justicia especial anuncie su resolución de conclusiones.

Ahora bien, apenas se posesione heredará la primera batalla con la JEP, que asumirá como propia. El saliente fiscal encargado, Fabio Espitia, trabó ante la Corte Constitucional un conflicto de competencias para reclamar el caso del exsenador Álvaro Ashton. Para Espitia, la justicia ordinaria tiene competencia sobre este caso de corrupción al aparato judicial y no el tribunal de paz puesto que no tiene relación con el conflicto. En esta pelea también lo acompaña la Procuraduría. 

Barbosa también tendrá que asumir con fuerza las investigaciones por los asesinatos de líderes sociales. El manejo de las cifras de esos crímenes en el país le costó críticas de la corporación Dejusticia. Su codirector, Rodrigo Uprimny, le cuestionó a Barbosa la ligereza con que, desde su cargo de alto comisionado de derechos humanos, dijo que el promedio de asesinatos se había reducido en un 35 por ciento con respecto al Gobierno anterior. Le señaló que no tuvo en cuenta que las cifras incluían reportes provisionales, dada la dificultad de acreditar la condición de líderes de las víctimas. 

Ahora tendrá el sartén por el mango para investigar y valorar las matemáticas, lo que de entrada lo pone en la lupa de las organizaciones de derechos humanos del país.

A Barbosa lo recibe una entidad de 3,6 billones de pesos y 1,4 millones de procesos al año. Un potro difícil de domar, y más teniendo en cuenta que la tasa de casos que pierde la Fiscalía en etapa de juicio ronda el 55 por ciento. Con dos reformas estructurales de sus antecesores –Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez– Barbosa ha prometido concentrarse en fortalecer lo que hay y meterle fuerza a la Policía Judicial a nivel nacional. Dice que con investigaciones robustas es posible triunfar en los juicios y golpear al crimen.

Existen muchos desafíos en materia de criminalidad, pero difícilmente su evaluación después de cuatro años se limitará a haber mejorado las cifras. El búnker tiene deudas enormes en casos de alto impacto político y social. Por ejemplo, Barbosa es el quinto fiscal en propiedad, desde las chuzadas del DAS, que queda con el compromiso de acabar con la olla podrida en las agencias de inteligencia y de la misma Fiscalía, que han usado la capacidad del Estado para hacer seguimientos ilegales en Colombia. Este problema se volvió casi cíclico. ¿Conseguirá ponerle punto final?