Francisco Santos apoya que Gustavo Petro quiera acabar la Procuraduría: “Ojalá haga lo mismo con la Contraloría”

El exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos salió en defensa de la propuesta del presidente electo Gustavo Petro de eliminar la Procuraduría. El respaldo del exdiplomático resulta sorpresivo, teniendo en cuenta que ha sido crítico de la gestión de Petro como exalcalde de Bogotá, como senador y como candidato. Ahora que será el mandatario de los colombianos emite este inesperado respaldo.

“La verdad si @petrogustavo quiere acabar la Procuraduría lo acompaño en esa decisión. Solo les sirve a los políticos que la llenan de amigos. Ojalá haga lo mismo con la Contraloría. Ahí se ahorra 3 billones o más para gasto social”, señaló Francisco Santos. El exdiplomático se refirió así a la controversia suscitada por las manifiestas intenciones del presidente electo Gustavo Petro de eliminar el Ministerio Público una vez asuma el poder.

En entrevista con La W, el presidente electo Gustavo Petro anunció que, dentro del paquete de proyectos que trae su nuevo gobierno, estará la radicación de un proyecto de ley para eliminar la Procuraduría. Según aseguró, será un tema gradual y cumplirá con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que vamos a hacer es hacerle caso a la sentencia de la corte y de paso respetar la convención americana”, aseguró.

Quienes están de acuerdo con la decisión de eliminar la Procuraduría se basan en hechos como los que argumenta Francisco Santos en el sentido de que son instituciones utilizadas con fines políticos y en las cuales terminan trabajando recomendados y amigos de los dirigentes de turno. En contraste, están quienes cuestionan que este es el camino para empezar a abolir las instituciones y buscar una Asamblea Nacional Constituyente que, de paso, permita que Petro se quede más de cuatro años en el poder. Además, ha sido Petro uno de los afectados con decisiones de la Procuraduría, cuando lo inhabilitó y lo sacó provisionalmente de la Alcaldía de Bogotá, y de ahí que su intención de eliminar el Ministerio Público suscite todo tipo de reacciones.

El anuncio generó miedo en la entidad que hoy emplea a más de cuatro mil funcionarios y tiene centenares de contratistas. “No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligados a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”, advirtió el presidente electo. Aseguró que, tal como lo dijo en su propuesta de campaña y dando coherencia a la convención americana, la Procuraduría pasará al poder judicial. “La Procuraduría pasará al poder judicial y se volverá en la gran Fiscalía anticorrupción”, aseguró el presidente electo. Sin embargo, aseguró que no se trata de algo que vaya a pasar de la noche a la mañana porque es una reforma constitucional que tiene sus vueltas legislativas.

El exsuperintendente Jorge Enrique Robledo aseguró que para eliminar la entidad se necesitaría una reforma constitucional, al igual que para “otra cantidad de cambios que pretende hacer”. Y agregó una advertencia: “Ojo que en alguna de esas reformas, Petro nos mete un articulito que permita su reelección”. Ahora bien, ¿cómo es que la eliminación de la Procuraduría abriría la puerta a la reelección presidencial? Una reforma como la que propone Gustavo Petro, que elimina la Procuraduría, cambia un aspecto que fue estructural en la Constitución de 1991. Por eso, es claro que necesita de un acto legislativo para ser aprobada. Esto quiere decir unas mayorías calificadas y ocho vueltas en el Congreso, en donde hoy el presidente electo tiene mayorías.

En ese escenario de aplanadora política del nuevo gobierno es poco probable que el presidente electo se lance por el camino de la constituyente para este tema. La primera razón es porque no lo necesitaría. Al gobierno del Pacto Histórico se han sumado en los últimos días diferentes fuerzas políticas. Incluso el uribismo aseguró que no se opondrá a los proyectos que sean constructivos para el país.

En segundo lugar, porque no son pocos los expertos que coinciden en que la reforma es necesaria. “Es una institución exótica en el mundo. Limita derechos fundamentales en lugar de protegerlos. La función disciplinaria la pueden ejercer las oficinas de control interno. Sus funcionarios podrán prestar un mejor servicio en la rama judicial y en la Defensoría del Pueblo, sin que su carrera sea afectada”, le dijo a SEMANA el exmagistrado Alberto Yepes.

Ahora bien, en caso de modificar la carta magna, se abriría la puerta que advierte el exsuperintendente. Un “articulito” que abra la puerta a un período mayor de cuatro años y motivo por el cual la polémica nacional no para. Sobre el ente de control fiscal, la Contraloría General de la República, el presidente electo no se ha pronunciado. Tan solo es iniciativa del exvicepresidente Francisco Santos.