A puerta cerrada audiencia de imputación contra concejal y registradores en Cartagena

Con sorpresa y preocupación recibieron los cartageneros la noticia de que la audiencia concentrada de imputación y formulación de cargos por el presunto fraude electoral que es investigado por la fiscalía, se realizara a puerta cerrada a petición de la fiscal, quien argumentó ante el juez de control de garantías que había recibido amenazas en las redes sociales.

El pasado viernes el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, –al iniciar una campaña contra la corrupción- anunció desde Cartagena la captura del concejal conservador Jorge Useche Correa, su tío, el gerente del Hospital Bocagrande y exdirector del Departamento de Salud Distrital Jorge Correa, los miembros de la Registraduría Especial del Estado Civil de Cartagena, Patricia Jiménez Masa y Humberto Ceballos, el presidente de la Comisión Escrutadora de Bolívar abogado, Alfonso Camerano, y el abogado Jorge Restrepo Name, como presunto intermediario.

El pasado domingo el juez de control de garantías también iba a declarar reservada la audiencia porque ‘había unos audios comprometedores que representaban una presunta violación a la intimidad de las personas que habían sido capturadas’, pero finalmente esa audiencia de legalización de captura se hizo pública y asistieron periodistas de medios locales y regionales como El Universal y El Heraldo, que dieron a conocer el contenido de los audios revelados por la fiscal.

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Pero al reanudarse el miércoles con la audiencia de imputación, la fiscal Liliana Velásquez pidió al fiscal que se realizara de manera reservada, petición que fue apoyada por los abogados defensores de los imputados, decisión que generó malestar entre los periodistas presentes. Uno de los abogados defensores, Hernando Osorio Rico, manifestó que no sólo representaba un riesgo para la Fiscalía, también para quienes ejercían la defensa de los implicados en estos hechos.

El concejal Useche deberá responder por el delito de cohecho; la registradora especial Patricia Jiménezco por cohecho impropio, concusión, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público; el registrador Humberto Ceballos por concusión; el tío del concejal, Jorge Correa Rosales, intermediario en el pago de dádivas a funcionarios públicos, deberá responder por el delito de cohecho; el abogado Jorge Restrepo Name, también como intermediario en el pago de dádivas es investigado por cohecho y el abogado Alfonso Camerano, quien presidía la comisión escrutadora departamental como delegado del Consejo Nacional Electoral, es investigado por los presuntos delitos de prevaricato por acción, cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público, es el único de los investigados que no ha comparecido.

Los hechos ocurrieron durante el escrutinio realizado en el Coliseo de Combate durante 40 días, los cuales fueron denunciados por los aspirantes al concejo Luis Guillermo Otoya del Centro Democrático, el aspirante y concejal en representación de ASI al momento de las elecciones Germán Zapata, el también concejal Wilson Toncel de Cambio Radical y el aspirante conservador Rodrigo Reyes Pereira, quien se disputaba con Jorge Useche la quinta curul a la que tenía derecho el partido conservador, la curul número 19, última a proveer del concejo de Cartagena.

La fiscalía posee 250 audios, de los cuales 92 serían del concejal Useche con su tío Jorge Correa y otros miembros del núcleo familiar, los funcionarios de la Registraduría y cuatro concejales más del distrito y otros funcionarios públicos, entre otros un alcalde local.

40 días de incertidumbre

Durante 40 días las comisiones escrutadoras departamental y distrital de Bolívar y Cartagena resolvieron reclamaciones de los candidatos a asamblea y concejo. Un solo reclamante, el candidato al concejo Luis Guillermo Otoya, presentó reclamaciones por irregularidades en 700 mesas.

Los exconcejales Wilson Toncel y Germán Zapata de Cambio Radical y ASI, respectivamente, presentaron reclamaciones por irregularidades y delitos que desbordan el código electoral y la ley penal. Mientras Toncel presentó 16 reclamaciones que afectan 200 mesas, el entonces concejal Germán Zapata presentó una denuncia contra todo el sistema electoral, la Registraduría, jurados de mesa, jurados de votación, delegados y comisión escrutadora porque durante el conteo de votos los funcionarios encargados de los escrutinios habrían incurrido en delitos tales como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad, omisión de denuncia y abuso de función pública.

Los candidatos que denunciaron las irregularidades afirmaron que no hubo transparencia, imparcialidad e igualdad en un proceso electoral plagado de sabotaje, fraude y falsedad.

Dos días después de las elecciones, la noche del 27 de octubre dos delegados de la Registraduría fueron sorprendidos en una de las oficinas del coliseo cuando ya supuestamente habían terminado de revisar unas reclamaciones y todos los documentos habían sido guardados.

En todos los puntos cardinales de la ciudad hubo irregularidades. En el corregimiento de Pasacaballos, los testigos electorales encontraron que en 16 mesas no existían las actas E-14 de delegados, pero sí estaban las de los claveros, hecho que impidió comprobar si los datos correspondían a los divulgados el día de las elecciones. En uno de los corregimientos insulares encontraron en una sola mesa 100 votos de más.

Desde antes de las elecciones hubo denuncias en el sentido de que funcionarios de la Registraduría estaban vendiendo paquetes de votos, incluso las ofrecieron a candidatos que, por haberlas rechazado, se ahogaron. A algunos les dijeron: ‘Si no compras el paquete estás ahogado, porque otros de tu lista sí lo compraron’.

Una práctica común y al parecer usual en elecciones anteriores, consiste en inflar las votaciones agregando a algunos candidatos más votos de los que recibieron, convirtiendo el 1 en 4 o en 7 o el 0 en 9, o simplemente convierten un dos en 21. A pesar de esas irregularidades puestas en conocimiento de las comisiones escrutadoras, estos se abstuvieron de hacer reconteo de votos para verificar si el total de sufragantes coincidía con el total de votos por mesa y lo consignado en los distintos E-14.

El concejal Zapata dijo en su denuncia ante la fiscalía que ‘lo ocurrido en Cartagena no son irregularidades inocentes, lo que existe es una empresa criminal dedicada a llevar a las personas que quieren ver en el concejo o a aquellas que pagaron para entrar’. Una de las hipótesis que se menciona es que posiblemente la elección no se disputó en la compra clásica de votos en donde se recurre a unos ‘lideres’ políticos de barrio que se encargan de reclutar electores a razón de 50.000 pesos por cada votante o lo hacen por paquetes en los que incluyen a los candidatos a alcaldía, gobernación, asamblea y concejo, sino que compran jurados electorales que se encargan de introducir tarjetones en las urnas y alterar las actas modificando los datos para favorecer candidatos y partidos.

Un lector de El Universal se pregunta: ‘Eso de audiencia a puertas cerradas hiede a corrupción de la mas ramplona. ¿Qué es lo que la ciudadanía no puede saber del fraude, nada de presunto?‘. Se supone que ese ente representa al pueblo y el procesado es una persona publica, ¿entonces cual es el misterio?‘.