Freno a corrupción con demandas en pensiones, tras captura de una red en Barranquilla

Todo comenzó en mayo de 2016. Colpensiones, entidad que maneja el sistema público de pensiones en Colombia, presentó una denuncia formal a la Fiscalía General. Había detectado una situación irregular en el reclamo, a través de demandas, de pensiones o retroactivos de jubilados.

La similitud de los casos llevó a la sospecha, previa a la denuncia. Cuatro años después, en el año del coronavirus, el capítulo llega a la página de la captura de 11 personas que conformaban la red de corrupción con las pensiones.

¿Cómo operaban? Una demanda ordinaria laboral era radicada en un juzgado, en el que había ya unos contactos. La pretensión, por lo general, tenía un común denominador: el reconocimiento de una pensión de vejez, invalidez o reliquidaciones, sin cumplir los requisitos legales establecidos.

Lo que más prevalecía era que se trataba de pensiones de vejez de alto riesgo, que les permitía a los pensionados beneficiarse de un retroactivo millonario y/o un incremento de la mesada pensional.

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El proceso venía bajo la lupa de las autoridades. En 2018, la Fiscalía verificó la existencia de irregularidades en el trámite de los procesos. Desde entonces, ordenó la captura de quien, para ese momento, estaba encargado del Juzgado 14 Laboral de Barranquilla, Juan Carlos Correa Olaya; José Ulises Torres Narváez, secretario del Juzgado, y de las abogadas Maryori Sofía De la Hoz Peña y Zirina Viviana Galezzo Bolívar, quienes fungían como apoderados de los ciudadanos en los procesos ordinarios laborales y ejecutivos laborales.

El tiempo pasaba. Las autoridades seguían pendientes. La meta era vincular a las personas que presuntamente participaban en la comisión de las conductas delictivas. Finalmente, la captura se produjo a finales de septiembre.

Según información suministrada a SEMANA por Colpensiones, se trataría de Alfonso Luis Noguera Imítola, juez y secretario del Juzgado 4.º Laboral del Circuito de Barranquilla; José Gregorio Hernández Díaz, pensionado; Filomena María Gutiérrez Fandiño, abogada; Edith Marina Blanco Carbonell, secretaria del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Barranquilla; William Jerónimo Saltarín, secretario y sustanciador del Juzgado 14 Laboral de Barranquilla; David Andrés Guarpi Méndez, abogado litigante; Pedro Mario de Jesús Rey Comas, sustanciador y escribiente del Juzgado 14 Laboral de Barranquilla; Wulfran Carrillo Marín, notificador del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla; María Gisell Romero García, abogada litigante; Yesenia del Carmen Barrios Sandoval, abogada litigante, y Rusvelt Antonio Martínez Villa, abogado.

La detección de los casos de fraude que se presenten en el sistema pensional es una de las prioridades de varias entidades del Estado. Los recursos de los pensionados son uno de los patrimonios más sensibles para cualquier sociedad. En el caso de Colombia, el gasto en pensiones requiere cuantiosas sumas, mientras que es poca la población que está asegurada para tener un respaldo económico en su vejez.

Entre los subsidios a pensiones altas y la obtención de pensiones o beneficios de manera fraudulenta se desangran recursos que podrían orientarse hacia la protección de más personas adultas mayores, que son vulnerables al desamparo en la vejez.

Cabe destacar que en el caso de Colpensiones se constituyó como víctima, de manera que pudo estar en permanente colaboración con la Fiscalía para llegar al resultado que hoy anuncian.