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Frente Primero de las disidencias declaró objetivo militar a habitantes del Guaviare; Defensoría emitió alerta temprana por ola de violencia
La confrontación entre dos frentes de las disidencias tiene sumidos a cuatro municipios en violencia y violación de derechos humanos.
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La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia debido a una serie de acciones violentas dirigidas a los habitantes de los municipios de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José, en Guaviare, atribuidas a la disputa entre integrantes del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc.
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Esta alerta, basada en hechos ocurridos en los primeros meses del año y la primera semana de abril, da cuenta de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que están sufriendo las comunidades de manera silenciosa y progresiva. La situación incluye homicidios, amenazas, desplazamientos, renuncias o abandonos de cargos de miembros de las Juntas de Acción Comunal, extorsiones y afectaciones a menores de edad.
“Estas acciones criminales han generado graves afectaciones a la integridad, vida, libertad y seguridad de los habitantes de esta región del país, y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Debido a sus precarias condiciones de vida y a la casi inexistente presencia del Estado, estas comunidades son vulnerables. Por lo tanto, insto a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas para acompañarlos y protegerlos”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo.
La Alerta Temprana registra varios hechos ocurridos en el casco urbano de San José y sus alrededores, en un solo día, incluyendo un asesinato, un atentado con arma de fuego contra un joven y un intento de incendio de un vehículo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Además, se difundió un panfleto del grupo autodenominado Frente Primero Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, en el que se amenaza y declara objetivo militar a varios grupos de personas.
La división en dos bandos del frente de las disidencias de las Farc ha llevado a que niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y campesinas sean objeto de reclutamiento forzado, mediante engaños o métodos persuasivos como préstamos de dinero, trabajo remunerado o relaciones amorosas.
“Lamentablemente, esta práctica está en aumento, y son muchos los casos de reclutamiento forzado. Las familias de las víctimas no pueden denunciar, ya que corren el riesgo de perder sus vidas y bienes. Debido al silencio reinante, el número real de afectados por este flagelo es desconocido”, afirmó el defensor Camargo.
Ante la confrontación entre el Frente Primero Armando Ríos y el grupo resultante conocido como Frente Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, es probable que aumenten las violaciones masivas de los derechos humanos. Esta situación sigue poniendo en peligro a campesinos, indígenas, colonos, menores de edad, jóvenes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, población excombatiente en proceso de reincorporación, así como a servidores públicos, personas que promueven y ejecutan proyectos de cooperación internacional y misiones humanitarias.
“Es primordial adoptar las medidas correctivas necesarias, la población civil y los grupos más vulnerables no pueden verse sumidos en lo que sería una profunda crisis humanitaria. No podemos permitir más homicidios, desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos, ni mucho menos torturas, amenazas y extorsiones”, recalcó el defensor del pueblo.
Con el fin de que sean protegidos los derechos de la población y salvaguardadas su integridad y vida, en la Alerta Temprana de Inminencia 012-23 la Defensoría del Pueblo instó a actuar con celeridad al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Gobernación del Guaviare, alcaldías de San José, El Retorno, Calamar y Miraflores, Unidad para las Víctimas, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades.
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