Frontera: Guerra, drogas, desplazamiento y una alianza criminal con militares venezolanos

La frontera entre Colombia y Venezuela es un hervidero. Son cientos los casos de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores y desplazamiento, que tienen de fondo el millonario negocio criminal del tráfico de drogas, en el que están involucrados los grupos ilegales del país como el ELN y las disidencias de las Farc que, según último informe de la ONG internacional Human Rights Watch, tienen un aliado al otro lado de frontera la Fuerza Armada Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana.

Son denuncias que ya habían hecho las autoridades colombianas, incluso en escenarios internacionales, pues esa complicidad desde el otro lado de la frontera es todo un dolor de cabeza para las autoridades que no han logrado amainar la violencia. Y es que no ha sido fácil, desde el país vecino hay rutas de tráfico de drogas y los miembros de las disidencias de las Farc, agrupados en el Segunda Marquetalia, y del ELN cometen los delitos en Colombia y rápidamente cruzan la frontera donde gozan de impunidad.

La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca entre enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010. Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles. El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles, señaló Human Rights Watch.

Y agregan que “miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y han sido cómplices de sus abusos, dijeron numerosos testigos”.

HRW se dio a la tarea de verificar en terreno esta alianza criminal entre autoridades venezolanas y grupos ilegales en Colombia, y la evidencia es clara: “Múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y habrían sido cómplices de sus abusos”, señala el informe publicado hoy.

“Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana”, dijo una testigo. “Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.

Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente. “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo. “[Los militares y miembros del ELN] empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han sido implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos que han llevado a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Señala HRW que “Las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando más militares a la zona. El ejército colombiano arrestó a miembros del ELN y del Comando Conjunto de Oriente e informó haber dado de baja a un importante líder disidente de la zona. Pero las operaciones militares no han protegido suficientemente a la población de Arauca, concluyó Human Rights Watch, y los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas en Arauca y Vichada han sido insuficientes”.

Por eso recomiendan que “las autoridades colombianas deben evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, así como crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistir a esa población. En Vichada, deberían considerar decretar un “estado de calamidad pública”, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Las autoridades colombianas también deberían garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos obligados a huir de Apure”.

Y es que lo que se vive en la frontera, más allá del millonario negocio del tráfico de drogas ―que es el combustible de este conflicto―, es un tragedia para los pobladores que viven en medio del temor y la zozobra, y que de buenas a primeras tienen que salir de un lado a otro en medio del fuego cruzado.